Al menos siete personas han perdido la vida en una serie de ataques terroristas que han sacudido el suroeste de Colombia, específicamente en la ciudad de Cali y localidades aledañas. Según informes de medios locales, los ataques, que incluyeron el uso de coches bomba, motores bomba y disparos de rifles, se han convertido en un nuevo capítulo de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Entre los fallecidos se encuentran dos agentes de policía, lo que subraya la intensidad y la gravedad de estos actos violentos. Estas acciones han puesto en alerta a las autoridades, quienes han reportado un total de 19 ataques en diferentes puntos de la región.
El Ministerio de Defensa colombiano ha calificado los recientes eventos como una «reacción desesperada» de grupos armados ilegales frente a operaciones militares en curso que han debilitado sus estructuras criminales. Los ataques se han concentrado especialmente en las regiones del Cauca y el Valle del Cauca, donde se han llevado a cabo 12 y 7 ataques respectivamente. Las cifras de heridos varían, y se estima que entre 28 y más de 50 personas han resultado afectadas por la violencia desatada, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en la zona.
El alcalde de Cali, la capital del Valle del Cauca, ha expresado su preocupación al comparar la situación actual con la del año 1989, cuando la violencia del narcotráfico dominaba la región. Esta comparación histórica pone en manifiesto el temor de que la estabilidad ganada en los últimos años pueda verse comprometida nuevamente. Los ataques terroristas parecen no ser un hecho aislado, sino parte de un patrón de reacciones violentas tras el incremento de los operativos en contra del narcotráfico y otras actividades ilícitas en el país.
La violencia no solo afecta a la seguridad pública, sino que también coincide con un clima político tenso. A solo días de los ataques, se produjo un intento de asesinato contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, lo que aumenta la sensación de inseguridad entre la población. Un adolescente de 15 años fue arrestado en conexión con ese ataque, sin embargo, este no ha aceptado los cargos en su contra, los cuales incluyen intento de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego.
La situación actual exige de manera urgente respuestas efectivas por parte del gobierno colombiano para contener la ola de violencia que amenaza con desestabilizar nuevamente a una de las regiones más afectadas por la guerra interna. La comunidad internacional, así como diversas organizaciones de derechos humanos, están observando de cerca estos acontecimientos, conscientes de las implicaciones de largo alcance que podrían tener los recientes brotes de violencia en Colombia.
