El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) culminó su proceso de Consulta Indígena en las localidades de Ollagüe y Calama, en el contexto del ambicioso proyecto minero que lleva a cabo la compañía Minera Teck Quebrada Blanca. Este evento, que tuvo lugar el 10 de junio de 2025, resultó en la firma de tres acuerdos de compensación ambiental, dirigidos a garantizar la protección y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas de la Región de Antofagasta, un paso significativo hacia el desarrollo sustentable en la zona.
La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, encabezó la ceremonia de firma de los Protocolos de Acuerdo Final (PAF) que respondieron al Proceso de Consulta Indígena, incluyendo a grupos representativos como la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO), la Comunidad Indígena Quechua de Puquios (CIQP), y la Asociación Territorial Multicultural Sueño Hecho Realidad (ATMSHR). Este tipo de iniciativas busca crear un puente entre las necesidades de desarrollo económico y la protección de los derechos de las comunidades originarias, fortaleciendo la participación local en decisiones que podrían impactar sus territorios.
El proyecto en cuestión implica la modificación de una medida de compensación destinada a mitigar los impactos sobre la biodiversidad ocasionados por el proyecto Quebrada Blanca 1. Con esta nueva estrategia, se planea establecer un Área de Conservación Ambiental Privada en el Salar de Alconcha y la sección de Quebrada de Coasa, territorios que pertenecen a la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe. Esta medida es crucial para la conservación y restauración de la biodiversidad en una región que enfrenta serias amenazas debido a la explotación minera.
La firma de los protocolos es el resultado de una serie de diálogos tripartitos que se llevaron a cabo en el marco de la Consulta Indígena, asegurando que se consideraran las preocupaciones y sugerencias de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que podrían verse afectados por la actividad minera. El SEA ha enfatizado que este proceso es una obligación del Estado chileno de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, que mandata la consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre decisiones que puedan impactar su territorio y entorno.
Este acuerdo no solo representa un compromiso por parte de la empresa Teck Quebrada Blanca y del SEA hacia el desarrollo sostenible, sino que también subraya la importancia de incorporar las voces indígenas en el proceso de toma de decisiones. A medida que avanza la implementación del proyecto, será esencial mantener una comunicación abierta y continua con las comunidades involucradas, para asegurar que se cumplan los acuerdos y se respeten los derechos de los pueblos indígenas ante cualquier cambio que pueda ocurrir en su territorio.
