En una entrevista con el diario argentino Clarín, el presidente boliviano Rodrigo Paz ha acusado al exmandatario Evo Morales de intentar desestabilizar el país. Según Paz, Morales está llevando a cabo un plan para derrocar el proceso democrático actual, al que califica de «embriagado por el poder». En sus declaraciones, el presidente enfatizó que las acciones del exlíder cocalero no reflejan demandas sociales legítimas, sino más bien un intento deliberado de interrumpir el mandato constitucional vigente y evadir los procesos judiciales que enfrenta, acusándolo de estar dispuesto a provocar violencia y caos en su afán por recuperar el poder.
La situación en Bolivia se ha vuelto crítica, con más de 150 bloqueos de carreteras que han resultado en un severo desabastecimiento de alimentos y combustibles, especialmente en ciudades como La Paz y El Alto. En este contexto, Paz vinculó los conflictos actuales con la influencia del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), señalando que el Trópico de Cochabamba ha visto un aumento en actividades ilícitas, como el narcotráfico, durante el mandato de Morales. Para el presidente, la resistencia en estas áreas no es solo política, sino que también manifiesta una pérdida de soberanía estatal ante redes criminales que han proliferado en la región.
A pesar de la crisis y el asedio en las rutas, el presidente Paz ha destacado que los indicadores macroeconómicos de Bolivia están mostrando señales de recuperación. En su entrevista, mencionó la estabilización del tipo de cambio y una reducción del déficit fiscal como logros importantes de su gestión en medio de una situación de país quebrado. Paz también enfatizó el apoyo que ha recibido a nivel internacional, lo que confirma, en su opinión, la validez del rumbo pragmático y de apertura económica que ha decidido tomar su gobierno.
En respuesta a la creciente crisis social, el Poder Legislativo de Bolivia ha decidido anular la ley 1341, la cual limitaba la participación militar en disturbios civiles desde el año 2020. Esta derogación, que ya contaba con el apoyo del Senado, permite al presidente Paz utilizar las fuerzas armadas en caso de que la policía no pueda manejar la violencia de las manifestaciones que han ido en aumento en las últimas semanas. Los defensores de la nueva norma argumentan que la legislación anterior dejaba al Estado sin defensa ante grupos que buscan sembrar el desorden en regiones clave del país.
A pesar de los conflictos y la confrontación que llevan tres semanas en aumento, el presidente boliviano se mostró optimista en su entrevista con Clarín, expresando su fe en que en los días venideros se podrán alcanzar acuerdos entre las partes en conflicto. Afirmó que la situación se reordenará, confiando en que el diálogo prevalezca sobre la confrontación. Esta visión esperanzadora contrasta con la violencia y el descontento que actualmente afectan a Bolivia, planteando un desafío significativo para su administración.
