El Primer Tribunal Ambiental ha sido el escenario de importantes audiencias relacionadas con la demanda instaurada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Quiborax S.A., con motivo de supuestos daños ambientales causados al Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota. Estas audiencias, correspondientes al Rol D-31-2024, dieron inicio con un llamado a la conciliación, donde la minera presentó una nueva propuesta de acuerdo que está siendo actualizada por el CDE y otras entidades competentes. Durante estas jornadas, se llevaron a cabo testimonios de 13 personas, abarcando desde expertos en medio ambiente hasta testigos de relevancia en la conservación ecológica de la zona.
Entre los testimonios destacados, la doctora Cristina Dorador hizo énfasis en la importancia ecológica del Salar de Surire, detallando la complejidad de sus dinámicas hidrogeoquímicas y la necesidad imperiosa de preservar los tapetes microbianos. Su recomendación de integrar variables microbiológicas en el monitoreo ambiental resuena fuertemente, subrayando el compromiso con la investigación y conservación de este delicado ecosistema. Este llamado a la ciencia se complementa con las declaraciones de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal, quienes alertaron sobre las evidencias de cambios ambientales significativos atribuibles a las actividades mineras y su impacto en la fauna local, como los flamencos y otros espécies nativas.
El tercer día de audiencias incluyó una intervención crucial por parte del ex contralor Jorge Bermúdez, quien argumentó que la acción judicial del CDE podría estar prescrita, poniendo en tela de juicio la capacidad del tribunal para aceptar dicha demanda. Bermúdez argumentó que la controversia ha sido resuelta previamente y que no existen pruebas suficientes de responsabilidad por parte de Quiborax. A su vez, Manuel Contreras, experto en biología y director de un centro de ecología, defendió la compatibilidad de las actividades humanas con la conservación de humedales, pero subrayó que estas prácticas deben ser racionalizadas y responsables para evitar daños permanentes al medio ambiente.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que los daños ambientales atribuibles a Quiborax son resultado directo de prácticas extractivas que datan de 1987, las que han evolucionado hacia métodos más intensivos y menos sustentables. El CDE argumenta que la empresa no ha cumplido con las normativas ambientales requeridas desde 1994, lo que ha conllevado al deterioro del ecosistema. Por lo tanto, exige que Quiborax implemente de inmediato planes de restauración ecológica y que modifique sus métodos de explotación hacia prácticas más sostenibles para mitigar el impacto ambiental en el Salar de Surire.
Finalmente, el 11 de septiembre de 2024, se dictó una medida cautelar que ordena la paralización de las operaciones de Quiborax en el Salar, debido a los potenciales riesgos ambientales. Sin embargo, en una posterior resolución, el tribunal permitió algunas actividades limitadas bajo estrictas condiciones de protección ambiental. De acuerdo con el calendario judicial, las audiencias se reanudarán los días 24 y 25 de marzo, con la presentación de nuevos testigos que incluirán a miembros de la comunidad local, lo que promete un avance significativo en este caso que impacta tanto a la biodiversidad local como a la actividad minera en la región.
