La Corte Suprema de EE. UU. ha tomado una decisión unánime que obliga a la administración Trump a facilitar el regreso a casa de Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. En un fallo emitido el jueves, los jueces reafirmaron la orden de un tribunal de distrito de retornar a García, quien estuvo detenido en un centro notorio por su vinculación con pandillas locales. Esta resolución representa un triunfo significativo para los derechos de los migrantes, especialmente en un clima político donde las deportaciones han sido la norma.
Simon Sandoval-Moshenberg, el abogado de García, celebró la decisión, destacando que «la regla de derecho prevaleció» en el caso. Según la Corte Suprema, la administración tendrá que ‘facilitar’ no sólo el regreso de García, sino también que su situación sea tratada como si nunca hubiera sido enviado a El Salvador de forma inapropiada. Esta afirmación ante el tribunal señala un posible cambio en la forma en que las deportaciones son gestionadas en el futuro, especialmente cuando hay errores administrativos involucrados.
A pesar del fallo, la administración Trump presentó argumentos de que la jueza del tribunal de distrito, Paula Xinis, sobrepasó su autoridad al emitir la orden de regreso para García. D John Sauer, el Procurador General de EE. UU., enfatizó que la Constitución asigna al presidente la responsabilidad de la diplomacia exterior y sugirió que los tribunales no deben interferir en estos asuntos. Sin embargo, la Corte Suprema ha rechazado esta afirmación, indicando que la intervención judicial es válida cuando se trata de errores administrativos que han permitido la deportación de individuos que no deberían haber sido enviados.
Después de una decisión inicial en la que la Corte Suprema bloqueó temporalmente el retorno de García, finalmente, el tribunal proporcionó la claridad necesaria al insistir en que la jueza Xinis aclare su orden, considerando la deferencia que se debe al poder ejecutivo en cuestiones de asuntos exteriores. Este detalle resalta las complejidades del sistema legal estadounidense y el equilibrio delicado que existe entre la autoridad del presidente y el rol de los tribunales en proteger los derechos civiles.
Kilmar Abrego García, de 29 años, llegó a EE. UU. ilegalmente desde El Salvador cuando era adolescente y había sido otorgado un estatus de protección contra la deportación debido al riesgo de persecución. Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, ha estado luchando por su liberación, expresando las luchas emocionales que su familia ha enfrentado desde la deportación. Su situación resalta la desesperación que enfrentan muchas familias separadas por políticas migratorias y subraya la necesidad de revisar procedimientos que puedan resultar en deportaciones injustas.
