La República Dominicana ha lanzado una ofensiva significativa contra la migración indocumentada, deportando a más de 130 mujeres y niños haitianos en un solo día. Esta medida, parte de un plan más amplio propuesto por el presidente Luis Abinader, responde a preocupaciones sobre el control de las fronteras y el manejo de la creciente población haitiana en el país. Las autoridades dominicanas confirmaron que entre los deportados se encontraban 48 mujeres embarazadas, 39 nuevas madres y 48 niños. La operación tiene lugar en un contexto de tensión entre los dos países que comparten la isla de La Española, y busca reducir el número de migrantes indocumentados, quienes a menudo buscan refugio y oportunidades en la República Dominicana.
Las autoridades de inmigración dominicanas han defendido sus acciones, asegurando que las deportaciones se realizaron con respeto y dignidad hacia las mujeres y niños afectados. Según las declaraciones oficiales, todos los deportados fueron tratados humanamente y se les brindó alimentación adecuada antes de su envío a un centro de detención, donde se tomó su información biométrica y huellas dactilares. Después de ser dados de alta de los hospitales donde recibieron atención médica, fueron transportados en autobuses equipados con comodidades, lo que busca mitigar las críticas hacia el trato que reciben los migrantes indocumentados.
No obstante, la reacción a estos operativos ha sido fuertemente negativa por parte de diversas organizaciones y expertos en derechos humanos. El Colegio Dominicano de Médicos calificó la situación como «inhumana», argumentando que la verificación del estatus migratorio en hospitales podría generar un ambiente de miedo entre los migrantes indocumentados. Esto, advierten, podría disuadir a muchas personas de buscar atención médica urgente, poniendo en riesgo su salud y la de sus hijos. La estrategia del gobierno de Abinader ha sido vista como un esfuerzo por controlar la situación migratoria, pero muchos cuestionan su efectividad y la ética detrás de estas acciones.
En el contexto de una estimación que sugiere que alrededor de medio millón de haitianos vive en territorio dominicano, las tensiones han aumentado entre la población local y los migrantes. Se reporta que cerca de 33,000 madres haitianas dieron a luz en hospitales dominicanos en el último año, lo que ha generado quejas por parte de muchos dominicanos que sienten que los servicios públicos, particularmente los de salud, están sobrecargados. Abinader ha afirmado que la «generosidad» del país no será «explotada», enfatizando que los hospitales deben verificar la documentación de sus pacientes, lo que podría resultar en más deportaciones, sumando a las más de 80,000 que se han registrado en lo que va del año.
La situación en Haití, marcada por un aumento alarmante de la violencia de pandillas, complica aún más el panorama. Con más de 5,600 homicidios reportados en 2024 vinculados a este fenómeno, muchos hospitales han sido cerrados tras ser asaltados y el clima de inseguridad ha llevado a la ONU a advertir sobre una posible crisis humanitaria de gran magnitud. La representante especial de la ONU en Haití, María Isabel Salvador, ha señalado que el país se acerca a un «punto de no retorno» debido al aumento de la violencia. En este contexto, la respuesta del gobierno dominicano ante la migración haitiana se presenta como una acción controversial en medio de desafíos humanitarios apremiantes.
