La reciente detención de Lambertina Galeana Marín, una jueza jubilada del estado de Guerrero, ha reavivado las llamas del caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014. Galeana, quien ocupó el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el momento de los sucesos, es acusada de alterar pruebas clave que podrían haber esclarecido el caso. Las autoridades la arrestaron en Chilpancingo, tres años después de que se emitiera una orden de captura en su contra, resaltando la complejidad y la lentitud del proceso judicial en torno a este emblemático suceso.
Durante la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado en Iguala mientras intentaban apoderarse de autobuses para asistir a una protesta en la Ciudad de México. Desde entonces, México ha enfrentado un sórdido episodio de violencia y complicidad entre las fuerzas del orden y organizaciones criminales. Aunque se han hallado algunos restos, el paradero de 40 de los estudiantes permanece en la oscuridad, lo que ha generado indignación y ansiedad en la sociedad mexicana.
Un informe de una comisión de verdad, publicado en 2022, concluyó que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado. Se documentaron pruebas que indican la participación activa de la policía y grupos criminales, entre los que se destaca Guerreros Unidos. Estos hechos revelan un entramado de corrupción y complicidad que ha socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la justicia y el orden en el país.
La acción de la hoy arrestada jueza resalta la crítica falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de este caso. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, que podrían haber ofrecido respuestas esenciales, fueron eliminadas o destruidas bajo circunstancias sospechosas. Según testimonios de empleados del Palacio, las grabaciones captaron momentos cruciales durante la intervención de la policía en los bloqueos realizados en Iguala, pero nunca fueron entregadas a las autoridades, lo que ha suscitado dudas sobre la veracidad de las investigaciones.
El ministerio de seguridad pública de México ha afirmado que Lambertina Galeana enfrentará cargos por desaparición forzada, reflejando un esfuerzo por llevar a la justicia a quienes, en posiciones de poder, han obstaculizado el avance de la verdad. Este arresto es solo un paso en un camino aún largo hacia la justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, un caso que simboliza la falta de rendición de cuentas en un país marcado por la violencia y la impunidad.
