Un comité del Congreso de Perú ha decidido desestimar una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, quien enfrentaba acusaciones de haber aceptado relojes Rolex como sobornos. Esta decisión del subcomité implica que Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles alarmantes, con tasas de aprobación en un solo dígito, permanece protegida de un posible proceso de destitución mientras esté en el cargo. Sin embargo, la presidenta podría seguir enfrentando cargos por corrupción una vez que deje su puesto el próximo año, momento en el cual perdería su inmunidad presidencial.
La investigación, que ha sido apodada «Rolexgate», llevó a que las autoridades allanaran el hogar de Boluarte en marzo de 2024. Durante el allanamiento, los oficiales de policía buscaban más de una docena de relojes de lujo que la presidenta supuestamente no había declarado en sus declaraciones de bienes. Este escándalo se desató tras un informe de noticias que puso de relieve el uso de relojes de alta gama en eventos públicos por parte de la presidenta. El allanamiento se llevó a cabo después de que los fiscales rechazaran la solicitud de Boluarte para obtener más tiempo para responder a una citación que exigía prueba de compra de sus relojes.
El gobierno peruano ha calificado el allanamiento como «desproporcionado e inconstitucional», reafirmando la postura defensiva de Boluarte. La presidenta ha sostenido en varias ocasiones que ingresó a la política «con las manos limpias» y que se retirará de la misma de la misma manera. Boluarte arguyó que el Rolex que posee es un objeto antiguo y que lo adquirió con sus ahorros ganados a lo largo de años de trabajo desde que tenía 18 años.
Además del escándalo de corrupción relacionado con los relojes, Boluarte enfrenta una investigación separada por una ausencia no anunciada de dos semanas en 2023 debido a una cirugía de nariz, durante la cual no delegó sus funciones. La presidenta asumió el cargo luego de la destitución de Pedro Castillo, su predecesor, quien fue destituido tras un intento fallido de disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo que desencadenó una crisis política en el país.
La destitución de Castillo y la posterior llegada de Boluarte al poder desató una ola de protestas violentas en varias regiones de Perú, que resultaron en la muerte de decenas de personas. Actualmente, la situación política en el país se encuentra tensa, con la ciudadanía exigiendo cambios y la renuncia de la presidenta. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están programadas para abril de 2026, lo que aumenta la presión sobre el gobierno actual para abordar las demandas de la población y la controversia en torno a la legitimidad de la administración de Boluarte.
