La comunidad indígena Colla Tata Inti, localizada en la región de Atacama, ha presentado serias reclamaciones en torno al proyecto «Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria». Señalan que la evaluación de emisiones realizada por la Comisión de Evaluación Ambiental, conocida como COEVA, es deficiente y no cumple con los estándares requeridos. Argumentan que no se han considerado adecuadamente las emisiones de material particulado fino, las cuales, según la resolución de calificación ambiental (RCA), muestran un incremento significativo. Este aumento en la contaminación del aire constituye un riesgo directo para la salud pública y la agricultura local, cuestiones que la comunidad sostiene no fueron evaluadas como correspondía en el estudio de impacto ambiental (EIA).
La reclamación de la comunidad no solo se enfoca en la falta de evaluaciones ambientales meticulosas, sino también en la deficiente inclusión de las voces indígenas en el proceso. Acusan a la COEVA de no realizar la consulta indígena necesaria antes de aprobar el proyecto, lo que va en contra de sus derechos consagrados. Argumentan que tal omisión es legalmente cuestionable, dado que la ley establece la necesidad de consultar a las comunidades afectadas por proyectos de esta índole para garantizar que sus preocupaciones y derechos sean debidamente considerados. La ausencia de información específica sobre la comunidad Colla Tata Inti en el EIA agrava aún más la situación.
El Primer Tribunal Ambiental ha acogido la solicitud de revisión judicial presentada por la comunidad, poniendo en tela de juicio la decisión de la COEVA. Este proceso legal no solo permite que se analicen los reclamos de la comunidad, sino que también subraya la importancia del respeto a los procedimientos de consulta establecidos en el marco del derecho ambiental y de los derechos humanos. En un paso positivo, el Tribunal ha requerido a la COEVA que entregue los documentos que respaldan su decisión inicial, lo que permitirá una revisión más profunda y justa del caso. Esta acción marca un hito en la lucha de la comunidad por ser escuchada y por proteger su entorno.
El caso del proyecto de Minera Candelaria ilustra una problemática más amplia que enfrenta Chile en el ámbito de la minería y la preservación ambiental. Se trata de un proyecto que busca extender la vida útil de las operaciones mineras en la región de Atacama por diez años más, con una inversión proyectada de 600 millones de dólares. La comunidad Colla Tata Inti teme que esta extensión afecte gravemente no solo su salud, sino también el medio ambiente y sus tierras agrícolas. La explotación de 350 millones de toneladas adicionales de mineral puede tener un impacto catastrófico si no se gestionan adecuadamente los desechos y las emisiones.
La situación refleja la tensión entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y del medio ambiente. La lucha de la comunidad Colla Tata Inti pone de manifiesto la necesidad de que los procesos de evaluación ambiental sean realmente inclusivos y respeten los derechos de todos los involucrados. A medida que avanza la revisión judicial, el resultado de este caso podría sentar un precedente importante sobre cómo se abordan estas cuestiones en el futuro y la necesidad de equilibrar los intereses económicos con la protección del patrimonio cultural y ambiental.
