El gobierno chileno presentó un veto a la reforma electoral, proponiendo multas de 33 mil pesos para quienes no voten en elecciones municipales, excluyendo a mujeres embarazadas y personas mayores de 70 años.
La oposición criticó la medida, señalando que las multas son demasiado bajas y podrían afectar la agenda de seguridad pública. El gobierno y la oposición continúan negociando para alcanzar un consenso.
El veto, que incluía estas medidas, sí llegó a la oficina de partes, pero este no estaba oficializado, pues según explicó el ministro Secretario General de la Presidencia Álvaro Elizalde, “desde el punto de vista formal se entiende que un documento, un mensaje, un oficio, son tales desde el momento en que se dan cuenta en sala”. Entonces, entre las 14 horas y pasadas las 17 horas, la oposición empezó a presionar sobre el contenido que venía en el veto, que finalmente no ingresó.
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