En Chile, el impuesto a la herencia se convierte en un tema crítico y controversia en momentos de duelo familiar. Este tributo, regulado por la Ley N° 16.271, puede aparecer inesperadamente cuando las familias están lidiando con la pérdida de un ser querido. Con frecuencia, los herederos se enfrentan a una dura realidad: poseen un patrimonio considerable, pero carecen de la liquidez necesaria para afrontar el pago del impuesto. Este escenario provoca que muchos bienes, que podrían ser una fuente de ingresos o tranquilidad, queden “congelados” hasta que se salden las obligaciones fiscales, complicando aún más el proceso de duelo y herencia.
Una de las características más problemáticas del impuesto a la herencia en Chile es su estructura progresiva, que establece tasas que oscilan entre 0% y 25%. Aunque esta lógica busca fomentar la equidad, dada la premisa de que ‘quien recibe más, paga más’, ignora la realidad de la liquidez de muchas sucesiones. Los activos que los herederos heredan, tales como propiedades inmobiliarias, participaciones en empresas familiares y maquinaria, se valoran en papel, pero no siempre se traducen en dinero efectivo. Esta falta de liquidez crea un círculo vicioso en el que la presión del pago tributario puede forzar decisiones financieras poco saludables para las familias.
Otro obstáculo significativo en el proceso de herencia son las restricciones para inscribir los bienes a nombre de los herederos antes de que se pague el impuesto. Sin un mecanismo que permita realizar esta inscripción prioritaria, los herederos se encuentran en un estado de inacción, incrementando el estrés y la frustración en un momento ya doloroso. Además, el congelamiento de las cuentas bancarias del causante complica aún más la situación, ya que impide que los herederos accedan al dinero necesario para saldar la deuda tributaria sin la aprobación de las autoridades pertinentes. Así, el patrimonio, técnicamente existente, queda atrapado en una trampa legal.
La percepción de doble tributación también está presente entre los contribuyentes, quienes sienten que tras el fallecimiento de un familiar, el patrimonio que ya fue gravado durante la vida del causante ahora es nuevamente sujeto a impuestos. Esto es especialmente evidente en empresas familiares, donde se puede ver cómo las utilidades retiradas para cubrir el impuesto a la herencia enfrentan incluso una segunda carga tributaria bajo el Impuesto a la Renta. Este ciclo de imposición no solo genera descontento, sino que también puede obstaculizar el desarrollo y continuidad de las empresas familiares en situaciones de sucesión.
La falta de planificación sucesoria agrava aún más la crisis ante el impuesto a la herencia, dado que muchas familias evitan hablar sobre el tema, asociándolo erróneamente con avaricia o insensibilidad. Al no tener una planificación adecuada, las familias se ven obligadas a tomar decisiones apresuradas que pueden perjudicar su estabilidad financiera y la continuidad de sus empresas. Este creciente dilema subraya la importancia de establecer un marco que facilite la transmisión de patrimonio entre generaciones, destacando la necesidad de que la planificación hereditaria deje de ser vista como un lujo para convertirse en una prioridad esencial.
