En el último año, las contribuciones territoriales han sido el centro de debate en Chile, especialmente tras la revelación de incrementos significativos que han impactado a propietarios de bienes raíces. Con aumentos que en algunas comunas del sur del país superan el 60% e incluso el 100% en solo cuatro años, los candidatos presidenciales han tomado nota de esta insatisfacción popular, incorporando la eliminación de este impuesto en sus propuestas de campaña. La situación se torna aún más crítica tras la propuesta del Ministerio de Hacienda de postergar por un año los reavalúos, lo que ha generado una oleada de críticas y preocupaciones entre los ciudadanos que ven en esta medida una posible solución a un problema que pesa como una losa sobre sus finanzas.
Matías Echeverría, Fundador y CEO de HousePricing, explica que las contribuciones son, en esencia, el Impuesto Territorial que se aplica sobre el avalúo fiscal de los bienes inmuebles. Estos valores son determinados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) conforme a la Ley N° 17.235, y aunque se cobran en cuatro cuotas anuales, es importante entender que la recaudación de estas contribuciones se destina en su totalidad a los municipios, ayudando a financiar el presupuesto local. Sin embargo, para los propietarios, este impuesto se convierte en un peso económico considerable, que no solo afecta su capacidad de gasto, sino que también puede influir en la decisión de compra o inversión de nuevas propiedades.
Una de las inquietudes más comunes entre los propietarios de bienes raíces es la relación entre el avalúo fiscal y las contribuciones que deben pagar. Según Echeverría, existe una relación directa donde un mayor avalúo fiscal implica una mayor base imponible y, por ende, mayores contribuciones. No obstante, aclara que el avalúo fiscal no es lo mismo que una tasación comercial, sino que es un valor administrativo utilizado con fines tributarios. Esto significa que si el avalúo está mal calculado, también lo estarán las contribuciones, lo que puede derivar en situaciones de injusticia para el contribuyente.
Además, Echeverría señala que un aumento en las contribuciones no necesariamente se traduce en un incremento en el valor comercial de la propiedad. Si bien no existe una regla que vincule directamente estos dos factores, el costo anual adicional de las contribuciones puede influir en la percepción de los compradores e inversionistas. Así, un incremento sostenido en las contribuciones podría desincentivar la compra de propiedades, afectando principalmente a aquellas de alto valor o que forman parte de grandes carteras de inversión.
Por otro lado, es crucial tener en cuenta la situación de los adultos mayores en este contexto. Existe un beneficio nacional, conocido como el Beneficio Adulto Mayor (BAM), que permite reducir las contribuciones hasta en un 100% para aquellos que cumplen con ciertos requisitos. Este beneficio, que no depende de la comuna, brinda un alivio significativo a muchos ancianos, permitiéndoles mantener su propiedad sin el peso financiero de las contribuciones. Los requisitos son claros: ser propietario de la vivienda, tener ingresos anuales iguales o inferiores a 13,5 UTA y cumplir con la edad mínima determinada. Sin embargo, muchos adultos mayores aún desconocen este beneficio, lo que subraya la necesidad de una mayor difusión de información para garantizar que puedan acceder a estas ayudas.
