En abril de 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) expreso su inquietud frente a la reciente propuesta normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) relacionada con la mantención excepcional de tarjetas de coordenadas. De acuerdo a ODECU, el actual diseño normativo permite que sean los emisores quienes decidan arbitrariamente qué consumidores podrán seguir operando y quiénes quedan excluidos del sistema financiero, lo que podría agravar las brechas existentes en términos de inclusión y acceso a servicios básicos.
Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, subrayó que la norma no establece un estatuto mínimo de protección, especialmente para las personas mayores y aquellos consumidores que enfrentan dificultades reales, como problemas de conectividad y desconocimiento tecnológico. «Es inaceptable que la CMF acepte una regla en la que cada emisor decide a su antojo quién merece apoyo y quién no. Cuando se trata de acceso a servicios financieros básicos, necesitamos una regulación que no dependa de criterios subjetivos», afirmó Larenas, destacando la necesidad urgente de estándares claros.
La crítica de ODECU también se centra en la falta de derechos mínimos para los clientes en el texto de la normativa en consulta. Entre las falencias más destacadas, la organización critica la ausencia de un derecho explícito a solicitar inclusión en el régimen excepcional, y la falta de respuestas fundamentadas de parte de las entidades financieras. Además, advirtieron que no hay un protocolo claro para el reclamo, lo que podría dejar a muchos consumidores en una posición vulnerable sin mecanismos de defensa eficaces.
Además, ODECU expresó su preocupación por la forma en que la propuesta aborda la información sobre los riesgos asociados. Según la organización, limitarse a informar no es suficiente. «Es crucial que la información sea clara, comprensible y accesible para todos los usuarios. De lo contrario, estamos trasladando el costo de la migración tecnológica al consumidor sin ofrecer el apoyo necesario para que puedan tomar decisiones informadas», indicó Larenas, enfatizando que la transición digital no debe convertirse en un factor de exclusión.
Las recomendaciones planteadas por ODECU incluyen establecer criterios comunes para identificar a los grupos excluidos, garantizar un derecho de solicitud y revisión, facilitar la migración asistida y crear métricas públicas para medir el impacto de la norma. «La inclusión financiera requiere una regulación clara y con un enfoque basado en derechos que asegure acceso, seguridad y un trato digno para todos los consumidores», concluyó Stefan Larenas. La CMF ahora enfrenta el desafío de atender estas preocupaciones y mejorar su propuesta normativa para evitar repercusiones negativas en el acceso a servicios financieros.
