Este domingo, la segunda fase de la Ley 21.561, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric Font, comenzó a regir, marcando una nueva etapa en la reducción de la jornada laboral en Chile. La iniciativa reduce la jornada de 44 a 42 horas semanales para los empleados amparados bajo el Código del Trabajo. Este avance es un paso significativo hacia la meta de establecer una jornada laboral de 40 horas semanales y ha sido ampliamente apoyado por el sector sindical, que lo considera un logro importante en la lucha por mejores condiciones laborales. Sin embargo, la implementación de esta normativa también ha suscitado inquietudes en el ámbito económico, donde se anticipan posibles repercusiones en el mercado laboral.
Un informe del Banco Central de Chile, publicado en septiembre de 2025, advirtió sobre los riesgos que esta disminución de la jornada laboral podría acarrear, especialmente en lo que respecta a la creación de empleo formal. Los economistas alertan que, si bien la reducción horaria puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores, también podría generar un impacto negativo en la cantidad de empleos disponibles, limitando así las oportunidades laborales en un contexto donde la economía aún se recupera de los efectos de la pandemia.
Para mitigar estos posibles efectos adversos, el Gobierno ha presentado varias medidas, entre las que se incluye un crédito tributario en el marco del proyecto de Reconstrucción Nacional. Este mecanismo busca aliviar la carga financiera que la reducción horaria representa para las empresas y, según el economista Carlos Schmidt, «sin duda que ayuda a compensar», aunque se ha estipulado que esta ayuda es temporal. La preocupación radica en que las empresas podrían no ser capaces de mantener sus plantillas intactas una vez que el apoyo fiscal concluya.
Desde el sector sindical, el énfasis está en asegurar que la nueva legislación se implemente de manera efectiva y responsable. José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha indicado que su organización participará activamente en todos los procesos necesarios para garantizar que la reducción de la jornada laboral se aplique correctamente. Díaz advirtió que podría haber intentos de algunos empresarios de evadir las disposiciones de la ley, lo que podría comprometer el bienestar de los trabajadores.
En medio de estas preocupaciones, surgen interrogantes en sectores donde las jornadas laborales suelen ser más extensas, como en el comercio y los centros comerciales. La abogada laboral Pamela Martínez subrayó que cualquier modificación en la jornada de trabajo debe ser consensuada entre empleadores y trabajadores, recordando que es un mandato legal. Según los artículos 12 y 34 del Código del Trabajo, cualquier cambio en el contrato laboral requiere un acuerdo mutuo, lo que añade un nivel de complejidad a la adaptación a la nueva normativa.
