La empresa Camanchaca ha denunciado un severo impacto en su operación debido a las recientes modificaciones en el fraccionamiento de las cuotas de captura, medidas que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y se espera que entren en vigor antes de lo previsto. Durante un comunicado, su gerente general, Ricardo García, criticó abiertamente cómo la nueva legislación afectará no solo a su empresa, sino a toda la industria pesquera chilena, que se encuentra en una etapa de recuperación tras años de desafíos económicos y ambientales. García subrayó que los cambios propuestos impactan directamente en la viabilidad financiera de las empresas, especialmente en la Región del Biobío, donde la pesca representa una parte crucial de la economía local.
García señaló que la industria pesquera ha sido víctima de un azote regulativo que anticipó decisiones que anteriormente se habían acordado para ser implementadas en 2032. El ejecutivo enfatizó que esto conllevará un perjuicio económico significativo para Camanchaca y sus competidores, quienes enfrentan un arancel discriminatorio superior al 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel. Esta doble carga, tanto la reducción de las cuotas como el aumento de impuestos en las importaciones, exacerbará la crisis en un sector que ya se encuentra bajo presión debido a la caída de la demanda global y los altos costos de operación.
El impacto de las nuevas normativas será dramático, según lo que señaló García. La empresa estima que podría haber una caída de más del 20% en la producción de jurel destinado al consumo humano, lo que representa una pérdida directa de posibilidades de industrialización y, con ello, una amenaza al empleo en la región. El gerente destacó la importancia de este sector, afirmando que es uno de los más intensivos en mano de obra en la economía chilena, lo que significa que la afectación no solo se limitará a las empresas, sino que también golpeará a miles de trabajadores y sus familias.
Además, García indicó que la situación se agrava por los contratos existentes con productores extranjeros que no contemplaron ningún tipo de gravamen, poniendo en riesgo la producción nacional. La inseguridad jurídica que generan los cambios en la ley sin un preaviso adecuado socava la confianza en el sector pesquero, uno que ha sido históricamente fundamental para el desarrollo sustentable del país. El ejecutivo afirmó también que se trata de un cambio inaceptable considerando que la normativa anterior había sido un acuerdo fundamental establecido hace más de 12 años.
Finalmente, García afirmó que, ante esta alteración de las reglas por parte del Estado, que parece favorecer a pescadores semi industriales en detrimento del patrimonio de los industriales, la empresa no ve otra alternativa que recurrir a la justicia. «Es imperativo exigir una indemnización que repare el daño significativo causado no solo a nosotros, sino a todos nuestros accionistas, incluidos los fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados en el país», concluyó, resaltando la grave preocupación que atraviesa actualmente el sector pesquero chileno.
