Expertos del ecosistema tecnológico inmobiliario han señalado que la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.719 traerá consigo importantes cambios en la manera en que inmobiliarias, brokers y plataformas digitales gestionan la información de sus clientes. Con la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que comenzará a aplicarse en diciembre de 2026, se anticipan modificaciones que afectarán profundamente el manejo diario de datos sensibles en el sector, donde se intercambian continuamente datos financieros, personales y comerciales entre diferentes agentes del mercado, como inmobiliarias, bancos y plataformas tecnológicas.
La Ley 21.719 reemplaza el anterior marco regulatorio establecido por la Ley 19.628, creando además la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta normativa implica nuevas obligaciones respecto al tratamiento, almacenamiento y uso de la información de los clientes, las cuales incluyen sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 20.000 UTM en casos graves. Además, se contemplan multas de hasta el 4% de los ingresos anuales para empresas reincidentes, lo que enfatiza la seriedad de la legislación en la protección de la privacidad de los ciudadanos.
James Collado, cofundador y CTO de JetBrokers.io, destaca que uno de los principales impactos de esta legislación será el cambio en la cultura organizacional de las empresas inmobiliarias. Según afirma, «hay prácticas que estuvieron normalizadas durante años» que ya no serán permitidas, como compartir datos de personas con terceros sin su consentimiento explícito. Ahora, cada uso y transferencia de datos requerirá la autorización clara del cliente, lo que obligará a las empresas a redefinir sus metodologías de trabajo y su relación con los consumidores.
El ejecutivo también señala que el sector inmobiliario es particularmente sensible debido a la gran cantidad de información que manejan en operaciones de compraventa, como antecedentes financieros y documentación asociada al financiamiento. «Cada cotización, reserva o evaluación implica tratar datos personales. Las empresas tendrán que justificar formalmente el uso de esta información y quién tiene acceso a ella», detalla Collado. Esto representa un reto significativo para las inmobiliarias, que deberán adaptar sus plataformas y procesos a un nuevo estándar de transparencia y consentimiento.
Desde el ámbito Proptech se ha advertido que esta nueva legislación no solo representa un desafío, sino que también puede acelerar la modernización tecnológica del sector inmobiliario. Con la necesidad de implementar sistemas que aseguren una mayor trazabilidad y control sobre el flujo de información, se espera que las empresas se adapten a nuevas prácticas que respeten los derechos de los usuarios. «El desafío no es únicamente tecnológico; es un cambio de mentalidad. La industria tendrá que aceptar que los datos son de las personas y que hay límites en su utilización», concluye Collado, quien confía en que Chile está evolucionando hacia estándares internacionales en materia de protección de datos.
