Un tribunal en Venezuela ha dictado la condena máxima de 30 años de prisión a Marggie Orozco, una médica general de 65 años que criticó al gobierno de Nicolás Maduro en un audio difundido por WhatsApp. La información fue revelada el lunes 17 de noviembre de 2025 por dos organizaciones defensoras de derechos humanos, que destacaron la gravedad del caso. Orozco, quien se encuentra recluida en el penal de Táchira, fue acusada de «traición a la patria, incitación al odio y conspiración», en un contexto donde las discrepancias políticas son severamente reprimidas por el régimen. Su condena se produce en medio de una crisis política y humanitaria en el país, exacerbada tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.
La detención de Marggie Orozco ocurrió en agosto de 2024, en el marco de una crisis postelectoral que culminó en protestas masivas. Durante estas manifestaciones, más de 2,400 personas fueron arrestadas, de las cuales aproximadamente 2,000 lograron ser excarceladas con el tiempo. La misma Orozco se había manifestado en el audio criticando la distribución de bombonas de gas doméstico en su comunidad y llamando a sus conciudadanos a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024. Este llamado incitó a líderes comunitarios afines al chavismo a denunciarla, lo que desencadenó su arresto y posterior condena.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Marggie Orozco ha sufrido problemas de salud significativos durante su tiempo en prisión, incluyendo dos infartos, siendo el más reciente en septiembre de 2024. La situación de salud de Orozco se ha visto complicada por su historia personal, que incluye la pérdida de dos hijos en circunstancias trágicas, lo que ha contribuido a su sufrimiento emocional y a un diagnóstico de depresión crónica. Esto resalta las condiciones debilitantes a las que están sometidos muchos prisioneros políticos en el país.
El caso de Orozco es emblemático de una creciente tendencia en Venezuela, donde el gobierno de Maduro ha intensificado su persecución hacia disidentes y opositores políticos, bajo la justificación de mantener el orden y la seguridad nacional. Tras su reelección, Maduro incentivó a sus simpatizantes a denunciar a aquellos que los consideren “fascistas”, utilizando una aplicación que también proporciona bonos y alimentos subsidiados. Esta estrategia de criminalización de la oposición ha contribuido al aumento en el número de prisioneros políticos, que actualmente asciende a 882, según datos de la ONG Foro Penal.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela, donde las libertades civiles están siendo severamente restringidas. La condena de Marggie Orozco no solo representa un ataque personal contra una profesional de la salud, sino que también es un reflejo de un Estado que cada vez más silencia las voces disidentes. La comunidad internacional ha llamado a la liberación de todos los prisioneros políticos y ha denunciado el uso de tácticas represivas por parte del régimen chavista, en un clamor por una Venezuela donde se respeten los derechos humanos y se garantice la libertad de expresión.
