El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, han sido condenados a 15 años de prisión cada uno por un tribunal en Lima, tras ser hallados culpables de lavado de dinero. Este fallo se produce después de un juicio que duró más de tres años, donde las evidencias demostraron que Humala aceptó fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. La sentencia genera un nuevo capítulo en una larga saga de corrupción que ha sacudido al país andino y que involucró a múltiples altos funcionarios y expresidentes en los últimos años.
Durante la lectura del veredicto, Humala, quien se encontraba presente en el tribunal, manifestó su desconcierto ante las acusaciones y negó las irregularidades en la recepción de fondos. Su esposa, Nadine Heredia, escuchó el fallo a través de un enlace de video, ya que en estos momentos se encuentra en otro recinto. Los fiscales habían solicitado inicialmente penas más severas —20 años para Humala y 26 años y medio para Heredia— argumentando que el caso refleja la gravedad de los delitos cometidos y su impacto en la política peruana.
Ollanta Humala, un ex oficial del ejército que ganó notoriedad en el contexto de las luchas contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, se postuló por primera vez a la presidencia en 2006. Su campaña estuvo estrechamente ligada al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, lo cual fue utilizado por su rival Alan García para advertir a los votantes acerca de los posibles riesgos de una administración influenciada por el socialismo. Sin embargo, en su segundo intento presidencial en 2011, Humala moderó su mensaje y adoptó un enfoque más alineado con las políticas del entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, logrando así la victoria.
Las dificultades comenzaron a aparecer rápidamente durante su gobierno. A pesar de que Humala ganó con una plataforma prometedora, su administración enfrentó conflictos sociales graves que rápidamente erosionaron su popularidad, además de una creciente oposición política. La pérdida de apoyo en el Congreso complicó su capacidad para implementar su agenda, lo que llevó a un debilitamiento de su gobierno y, posteriormente, a la pérdida de la confianza pública.
Los problemas legales de Humala y Heredia comenzaron a salir a la luz después de su mandato, cuando Odebrecht, gigante de la construcción, admitió haber sobornado a funcionarios para asegurar contratos en diversas naciones de América Latina. Las acusaciones de que Humala y su esposa recibieron dinero de Odebrecht llevaron a una detención preventiva en 2017, aunque fueron liberados un año después. Sin embargo, la investigación continuó y culminó en el fallo reciente, marcando un punto crítico en la lucha de Perú contra la corrupción que ha afectado a su esfera política en los últimos años.
