Un estudio de McKinsey recientemente presentado en el encuentro organizado por ICARE revela una alarmante brecha de productividad entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y las grandes empresas en Chile. Según el informe titulado ‘Un microscopio a la productividad de las MiPymes de Chile’, las empresas más pequeñas alcanzan apenas el 44% de la productividad de las grandes, una diferencia significativamente mayor que la observada en los países desarrollados, donde dicho indicador se sitúa cerca del 60%. Jaime Szigethi, Partner y Office Manager de McKinsey & Company, enfatizó que cerrar esta brecha podría representar un potencial de crecimiento de seis puntos en el PIB, constituyendo un reto considerable para el país en su búsqueda de optimizar la productividad.
La jornada comenzó con la presentación de Szigethi, quien no solo expuso las cifras del estudio, sino que también delineó una estrategia fundamental para el desarrollo de las MiPymes. Posteriormente, un panel moderado por la directora de ICARE, Marcela Angulo, incluyó las perspicaces opiniones de Ignacio Briones, exministro de Hacienda; Claudia Sanhueza, exsubsecretaria; y Nicolás Shea, presidente de ASECH. Durante este debate, Briones subrayó la importancia de segmentar el universo pyme, sugiriendo que no todas las pequeñas empresas tienen la misma capacidad de integrarse a las cadenas de valor de las grandes compañías.
Briones destacó que de los 1,2 millones de empresas frecuentemente mencionadas en la conversación sobre MiPymes, cerca de 840 mil no cuentan con ningún trabajador contratado. Esta realidad plantea un desafío para los responsables de las políticas públicas, quienes deben orientar sus esfuerzos hacia segmentos específicos dentro del vasto universo pyme, en lugar de tratar a todos como un colectivo homogéneo. «Es crucial que las políticas estén bien focalizadas y adaptadas a las diferentes realidades de las empresas más pequeñas», afirmó.
Desde una perspectiva más estructural, Sanhueza contextualizó el estancamiento de la productividad chilena, que ha permanecido alrededor del 1% de crecimiento anual, independientemente del signo político de los gobiernos. Para ella, es vital que se establezca una colaboración efectiva entre el sector público y privado, la cual permita cerrar las brechas existentes en términos de tecnología, financiamiento, capital humano y acceso a mercados internacionales. Esto no solo beneficiaría a las MiPymes, sino que también contribuiría a elevar los niveles de competitividad del país.
Por su parte, Shea resaltó la necesidad de instaurar incentivos prácticos dentro de las empresas para facilitar el encadenamiento productivo. Citó el caso de CMPC, que ha logrado que el 27% de sus compras provenga de proveedores pymes gracias a una iniciativa que vincula las metas de compra a un bono de gestión para sus ejecutivos. Según Shea, es fundamental que tanto las grandes empresas como el Estado adopten reglas claras y medibles en este proceso, lo que incluye el compromiso del Estado a cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma. En conjunto, los panelistas coincidieron en que el desafío radica en identificar y apoyar a aquellas MiPymes con auténtico potencial de crecimiento y que realicen aportes significativos a la economía chilena.
