El reciente decreto publicado en el Diario Oficial ha prorrogado los permisos de edificación de numerosos proyectos habitacionales que corrían el riesgo de caducar, brindando así un respiro en un contexto de crisis del mercado inmobiliario. Esta extensión es crucial dado que muchos de estos proyectos no habían podido iniciar sus obras, en gran parte debido al histórico nivel de stock de viviendas disponibles en el país, lo cual ha generado una paralización en la construcción. De acuerdo al decreto, los permisos tendrán una vigencia de tres años, siempre que no se inicien las obras correspondientes o si estas se detienen durante el mismo plazo.
La prórroga responde a diversas situaciones de emergencia y catástrofes recientes que impactaron de manera significativa la ejecución de proyectos de construcción, aumentando costos y afectando la viabilidad de las iniciativas. En 2024, por ejemplo, ya se había concedido una extensión de 18 meses para los permisos de edificación que no habían comenzado, y esta nueva ampliación de 12 meses resguarda la continuidad de más de 50 mil viviendas que todavía cuentan con las autorizaciones necesarias pero que no han podido avanzar debido a restricciones económicas y de financiamiento.
Según el documento oficial, las actuales restricciones macroeconómicas han limitado el acceso al crédito hipotecario y el financiamiento de proyectos inmobiliarios, provocando demoras en el inicio de obras correspondientes a los permisos concedidos. En este sentido, la nueva extensión asegura la continuidad de aproximadamente 400 permisos de edificación a lo largo del país, con una notable concentración en la Región Metropolitana, donde muchos de estos proyectos ya están técnicamente desarrollados, pero aún no se han materializado.
Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers, describe esta extensión como una medida positiva que protege los proyectos viables que ya poseen permisos aprobados, evitando así una pérdida potencial de oferta en el futuro. No obstante, el experto advierte que la extensión de la prórroga – de 18 a 30 meses – indica que persistentes problemas estructurales como el acceso al crédito y los altos costos de producción no han sido resueltos, lo que puede limitar el impacto real de la medida si no se complementa con acciones adicionales.
Correa enfatiza la necesidad de una agenda integral que no solo prorrogue permisos, sino que también incluya la reactivación de instrumentos de estímulo para la inversión, como el Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC) y la continuidad del subsidio a la tasa hipotecaria, sugiriendo que este último debería ampliarse para incluir viviendas de mayor valor, donde se observa una parte significativa tanto del stock disponible como de la demanda potencial. Sin estas medidas adicionales, advierte, la posibilidad de que estos permisos se conviertan efectivamente en obras constructivas sigue siendo incierta.
