Durante su visita a la Región del Biobío, el presidente José Antonio Kast Rist presentó el ambicioso proyecto de ley «Reconstrucción Nacional», un plan que incluye 40 medidas estructuradas en cinco ejes fundamentales para la recuperación de las comunidades afectadas por desastres recientes. Este anuncio se realizó en la población Ríos de Chile, en Lirquén, Penco, donde los efectos devastadores de un incendio arrasaron un complejo de departamentos. Kast enfatizó la importancia de la reconstrucción no solo física, sino también económica y social, buscando así restaurar la confianza y la seguridad de los ciudadanos afectados por estas emergencias. El mandatario aseguró que la implementación de estas medidas será liderada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje Capdeville, indicando un enfoque claro en la coordinación de esfuerzos.
En el marco de la reconstrucción física, el Presidente Kast anunció que se ampliará el Fondo de Emergencia Transitorio de incendios, una medida crucial para atender de manera más efectiva las secuelas de estos desastres. Además, se destinarán 400.000 millones de pesos para el tratamiento de las áreas afectadas. Como complemento, se implementará una rebaja temporal del impuesto a las donaciones, otorgando así un respiro fiscal a aquellos que deseen contribuir en la recuperación. Este tipo de iniciativas buscan no solo restaurar estructuras físicas, sino también promover un sentido de comunidad y solidaridad entre los ciudadanos.
El eje económico del proyecto contempla una serie de medidas destinadas a estimular la construcción y proteger el empleo en un contexto de reactivación post-desastres. Entre estas destaca la eliminación temporal del IVA a la vivienda por un período de 12 meses, así como la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%. Adicionalmente, se prevé la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y la implementación de subsidios para la protección del empleo formal. Estas acciones son vistas como esenciales para reactivar la economía local y fomentar un ambiente propicio para nuevas inversiones.
En cuanto a la reconstrucción institucional, el gobierno anunció reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el objetivo de agilizar procesos y reducir la incertidumbre. La propuesta incluye el fortalecimiento de la rectoría técnica del SEIA, lo que permitirá acelerar concesiones marítimas y facilitar ampliaciones de proyectos. Asimismo, se plantean mecanismos de reembolso para empresas cuando el Estado anula resoluciones administrativas, buscando un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico.
Finalmente, el eje de reconstrucción del orden legal y de seguridad pública abordará problemáticas como la usura y el crédito informal, protegiendo así a los más vulnerables. Se anticipan medidas más estrictas contra el contrabando y el transporte ilegal de migrantes, con un endurecimiento de penas para tales delitos. Las autoridades aspiran a que esta propuesta sea aprobada a la brevedad por el Congreso, evidenciando un compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, elementos esenciales para la reconstrucción de una sociedad más resiliente.
