El presidente argentino, Javier Milei, ha denunciado públicamente la existencia de una «red de espionaje ilegal» conformada por periodistas, a los cuales acusó de estar implicados en la filtración de audios que involucran a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En un mensaje difundido a través de la red social X, Milei expresó su frustración afirmando que estos individuos, que se hacen pasar por profesionales de la información, buscan desviar la atención de lo que él considera el verdadero asunto. La gravedad de sus acusaciones se enmarca en un escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno a raíz de estas grabaciones que presuntamente implican a Karina Milei en un esquema de recaudación de sobornos.
La controversia se desató luego de la divulgación de audios el pasado 20 de agosto, en los que un funcionario describe un sistema de cobro de sobornos vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde Karina Milei habría sido beneficiaria. Este escándalo coincide con la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo en la provincia de Buenos Aires y la elección nacional del 26 de octubre, lo que añade un componente de tensión política al ambiente. La denuncia formulada por el mandatario también incluye una acusación de una «operación de inteligencia ilegal» contra su gobierno, señalando que la publicación de los audios podría estar orquestada como parte de una estrategia política.
En un contexto de aumento de las tensiones, el gobierno ha solicitado a la Justicia que prohíba la difusión de las grabaciones de Karina Milei. Esta medida ha sido ampliamente criticada por expertos en derecho constitucional y organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Argentina, quienes advierten sobre las implicaciones de tal prohibición en un entorno democrático. A pesar de que algunos audios filtrados no abordan el escándalo de corrupción, sino más bien disputas internas dentro del partido oficialista La Libertad Avanza, el gobierno argumenta que las filtraciones constituyen una amenaza para la estabilidad política del país.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó las afirmaciones de Milei, calificando la filtración como parte de una «operación planificada» destinada a desestabilizar al gobierno como parte de un complot para retomar el poder en Argentina. Su declaración se ha correlacionado con la opinión de otros miembros del gabinete, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien también sugirió que el objetivo de estas filtraciones era generar inestabilidad política y perturbar el proceso electoral que se avecina.
Las autoridades judiciales, lideradas por el fiscal federal Carlos Stornelli, han decidido abrir una pesquisa sobre la filtración de grabaciones. Sin embargo, la investigación deberá rescatar el principio de inviolabilidad de las fuentes periodísticas, lo que limita el alcance de la indagatoria. Por otro lado, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ha cuestionado el origen de los audios, sugiriendo que podrían haber sido grabados en la propia Cámara, en lugar de en la Casa de Gobierno. Las declaraciones de ambos lados subrayan la complejidad del clima político actual en Argentina, donde las acusaciones y el juego de poder parecen intensificarse a medida que se acercan las elecciones.
