Durante el segundo semestre de este año, diversas reformas previsionales comenzarán a implementarse, trayendo consigo cambios significativos en la gestión de remuneraciones, cotizaciones y costos laborales para las empresas en el país. Es esencial que las organizaciones comprendan y se preparen para los hitos que marcarán la llegada de la nueva normativa. A partir de 2026, se verán materializadas varias de estas reformas, lo que no solo representa un desafío, sino también una oportunidad para optimizar los procesos internos y mejorar la situación previsional de sus trabajadores.
Uno de los primeros hitos en la implementación de la reforma ya se ha concretado con la puesta en marcha del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), que comenzó a operar en junio. Este nuevo mecanismo centralizado busca coordinar las acciones de las AFP, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Tesorería General de la República para facilitar la recuperación de deudas previsionales. Tal como señala Francisca Cruz, Gerente de Servicios Empresas de Alfredo Cruz, las empresas con deudas o discrepancias en sus registros se exponen a un proceso de cobranza más riguroso, lo que subraya la necesidad de una revisión minuciosa del estado previsional antes de recibir notificaciones administrativas.
En agosto, se anticipa un aumento en la cotización de cargo del empleador, que ascenderá al 3,5%. Este incremento incluye el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, así como el inicio de la Cotización con Rentabilidad Protegida. Sin embargo, muchas empresas aún no han adaptado sus sistemas y planificaciones de costos para integrar este cambio. Cruz enfatiza que es crucial que los departamentos de Recursos Humanos y Remuneraciones actúen con anticipación para evitar errores que puedan derivar en complicaciones financieras o legales al momento de los pagos en septiembre.
El mes de septiembre traerá consigo otros importantes desarrollos, incluyendo el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, además de ajustes por IPC para los beneficiarios de 75 años o más. También se espera la publicación de la normativa definitiva sobre el régimen de inversión de los Fondos Generacionales, lo cual afectará a las futuras pensiones. Estas modificaciones, aunque afectan principalmente a los trabajadores, abrirán oportunidades para que las áreas de Personas y Bienestar de las empresas asesoren a quienes están próximos a jubilarse, apoyándolos en la comprensión de sus opciones.
De cara a los desafíos que se avecinan, es imperativo que las empresas realicen una revisión exhaustiva de sus procesos de pago y control de cotizaciones previsionales. Es fundamental identificar deudas, inconsistencias o faltantes en la documentación que podría generar complicaciones futuras. Además, deben coordinar entre las áreas de Personas, Remuneraciones, Finanzas y Administración para estar alineadas con los cambios venideros, así como implementar la asesoría especializada necesaria para interpretar y gestionar adecuadamente las implicaciones de estas reformas en su operación.
