Claudio Magliona, presidente de la Mesa Legal de ACTI y director invitado, ha expresado su preocupación por el actual marco legal en Chile, especialmente en el contexto de la economía digital, que se presenta como una palanca esencial para el crecimiento del país. Según Magliona, la legislación chilena ha avanzado significativamente en áreas como la protección de datos, la ciberseguridad y los servicios financieros digitales. Sin embargo, este impulso ha generado un debate importante sobre si estas normativas están creando un entorno adecuado para el progreso o si, por el contrario, están instaurando barreras que podrían frenar el desarrollo de la industria tecnológica en el país.
Uno de los puntos clave que Magliona destaca es la inminente aprobación de nuevas regulaciones antes de que las existentes hayan sido completamente implementadas y evaluadas en cuanto a su impacto. Este fenómeno genera un cruce preocupante entre regulación y sobrerregulación. En un corto período de menos de tres años, Chile ha establecido varias agencias reguladoras con funciones superpuestas, lo que no solo complica la situación para las empresas, sino que también plantea la posibilidad de doble penalización en casos como la pérdida de datos, que podría ser sancionada por múltiples entidades, complicando aún más el panorama para las pequeñas y medianas empresas.
Las pymes, en particular, se ven gravemente afectadas por este cúmulo de regulaciones. A diferencia de las grandes empresas, muchas de estas organizaciones no cuentan con equipos legales robustos ni con presupuestos suficientes para enfrentar los desafíos del cumplimiento normativo. La carga de cumplir con normativas complejas y de enfrentar sanciones que, en el caso de la nueva Ley de Protección de Datos, pueden alcanzar hasta un 4% de los ingresos brutos del año anterior, se convierte en una enorme presión que podría llevar a muchas pymes al borde del colapso.
Además, la falta de un sistema coordinado entre las distintas agencias reguladoras genera un clima de incertidumbre jurídica y burocracia que puede resultar paralizante para los emprendedores y empresarios. A medida que las normativas se multiplican, sin una estrategia integral y clara, se incrementan no solo los costos operativos, sino también el riesgo de sanciones altas. Comparando con países como Argentina, que han implementado leyes para fomentar la economía digital mediante beneficios tributarios y la promoción de la capacitación en tecnología, Magliona advierte que Chile debe actuar rápidamente para que sus políticas apoyen realmente el desarrollo tecnológico y no lo obstaculicen.
Finalmente, Magliona concluye que es fundamental legislar con voluntad y propósito, evitando caer en el exceso normativo que podría llevar al estancamiento del ecosistema digital chileno. A su parecer, establecer una visión clara y articulada para la economía digital no solo es vital para competir a nivel global, sino también para aprovechar al máximo el potencial que la tecnología puede aportar al desarrollo sostenible del país. La necesidad de una estrategia nacional sólida que propicie el crecimiento del sector es más urgente que nunca.
