El pasado martes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer una nueva resolución que modifica las normativas sobre la entrega de boletas electrónicas y vouchers en las compras presenciales. Este anuncio pone fin a la controvertida Resolución Exenta N°12, que había sido objeto de críticas por la obligatoriedad de imprimir boletas de venta, lo cual podría haber causado la salida de circulación de más de 600 mil dispositivos mPOS (puntos de venta móviles). La decisión ha sido recibida con alivio por sectores comerciales que consideraban la medida anterior como un freno a la digitalización y un aumento innecesario en sus costos operativos.
Con esta nueva resolución, los comercios podrán optar por entregar a los consumidores una representación de la boleta, ya sea en formato impreso o digital. Según lo establecido, no importa el medio de pago utilizado por el cliente (efectivo, transferencia, tarjeta o medios electrónicos), el comercio tiene la obligación de proporcionar una representación de la boleta. Este cambio busca facilitar las transacciones y ofrecer mayor flexibilidad a los comerciantes, que han venido adaptándose a un contexto más digitalizado en los últimos años.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es la aclaración sobre la ‘entrega de la representación virtual’. Esta puede llevarse a cabo de diversas maneras, incluyendo correo electrónico, mensajes SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, y otros métodos tecnológicos como códigos QR y NFC. Sin embargo, los comerciantes que opten por la entrega digital deben asegurarse de que los consumidores puedan acceder a estos documentos en dispositivos adecuados y que puedan ser verificados por los fiscalizadores del SII.
La flexibilización en el cumplimiento de esta normativa es especialmente relevante para los proveedores de servicios de pago y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Con un período de adaptación que se expande hasta fines de 2025 para aquellos que necesiten actualizar sus sistemas, la resolución busca no poner en riesgo la viabilidad de las soluciones de pago actuales. Este enfoque intenta equilibrar las necesidades de los comercios y la exigencia regulativa, asegurando que no haya sanciones durante el periodo de prórroga.
La derogación de la Resolución N°12 ha sido recibida con entusiasmo, especialmente por aquellos que habían cuestionado su necesidad y su impacto negativo en la innovación y formalización del comercio. Gremios y empresas habían manifestado que la medida impulsaba gastos adicionales para las pymes y contradecía la tendencia hacia soluciones más eficientes y ecológicas. La nueva normativa parece responder a estas preocupaciones, reafirmando el compromiso del SII de facilitar el comercio digital y la inclusión financiera, al tiempo que asegura que la normativa actual se adapte a la evolución tecnológica del sector.
