El debate en torno a la subcontratación laboral ha tomado un giro significativo en la industria telefónica, donde un proyecto de ley presentado a principios de este año busca prohibir de manera formal la subcontratación de servicios de teleoperadores fuera del territorio nacional. Esta iniciativa, respaldada por varios diputados, entre ellos Carlos Bianchi y Gonzalo Winter, surge como una respuesta a la creciente preocupación por la pérdida de empleos en Chile, incentivada por la práctica de transferir funciones a empresas en el extranjero con el propósito de reducir costos operativos. El proyecto tiene como objetivo proteger la estabilidad laboral de los teleoperadores locales y fomentar la creación de empleo en el país, asegurando que los recursos de los trabajadores chilenos se utilicen para promover su bienestar.
La subcontratación laboral en el extranjero ha sido una tendencia común en diversas industrias, incluida la telefonía. Sin embargo, este modelo ha generado múltiples efectos negativos, no solo en la pérdida de empleos locales, sino también en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en otros países. La realidad del sindicato Litoralpress-Simbiu ilustra esta problemática: desde 2017, han despedido al 70% de sus afiliados debido a la externalización de los servicios a trabajadores en el extranjero. Ante este escenario alarmante, el presidente del sindicato, Adrián Flandes, ha enfatizado la urgencia de legislar en favor del empleo nacional, proponiendo la necesidad de una «Ley Por el Empleo en Chile» que limite estas prácticas.
El respaldo a este proyecto de ley no solo refleja la preocupación del sector laboral, sino también un compromiso de la sociedad por defender los derechos de los trabajadores. Adrián Flandes argumentó que sería inaceptable que empresas chilenas que manejan fondos públicos contraten a empresas que, además de operar desde el extranjero, ofrecen salarios mucho más bajos a su personal. Las declaraciones de Flandes resaltan una responsabilidad no solo empresarial, sino también estatal, para proteger a los trabajadores chilenos y asegurar que el empleo generado en el país sea digno y justo, con salarios adecuados que permitan a las familias vivir con dignidad.
Desde la perspectiva sindical, Flandes ha señalado que la precarización no es un problema aislado de Chile, sino que es una tendencia global que afecta a muchos países. Con ejemplos como el de Colombia, donde los trabajadores vinculados a Litoralpress-Simbiu enfrentan condiciones laborales desfavorables, el sindicato ha hecho un llamado a la solidaridad entre los trabajadores, instando a formar alianzas con otras organizaciones sindicales y empresas que valoren la responsabilidad social. El desafío es claro: unir esfuerzos para defender el empleo y mejorar las condiciones laborales tanto en Chile como en el extranjero, opinión que resonó en las palabras de diversos líderes sindicales durante sus recientes encuentros.
Finalmente, el llamado de Adrián Flandes a la sociedad civil y a las autoridades legislativas destaca la necesidad de promover acuerdos internacionales que avalen derechos laborales justos y dignos para todos los trabajadores. Esto se alinea con declaraciones recientes del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, en la Conferencia Internacional del Trabajo, enfatizando la importancia de un marco legal que garantice condiciones laborales adecuadas. En la actualidad, la lucha por el empleo en Chile no es solo una cuestión interna, sino que responde a un contexto global en el cual la precarización laboral demanda una respuesta firme y cohesiva por parte de todos los actores involucrados.
