El Gobierno ha presentado al Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y fortalecer la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para facilitar la adquisición de la primera vivienda. La iniciativa propone incluir 30 mil nuevos cupos, llevando el total a 80 mil beneficiarios, además de aumentar el valor máximo de las propiedades elegibles de 4.000 a 6.000 UF. Con esta extensión, se espera que los programas que apoyan a los potenciales compradores tengan vigencia hasta el 31 de mayo de 2028, lo que podría impactar significativamente en el mercado inmobiliario.
José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, resalta que este programa ha sido un catalizador clave para el sector. En sus declaraciones, Simian afirma que ha sido «probablemente el instrumento de política que más impulso le ha dado al mercado inmobiliario en el último tiempo», dada la notable alza en las ventas que se observó durante la segunda mitad de 2025 y el primer trimestre del presente año. Esto demuestra el potencial que tienen las políticas de subsidios en facilitar el acceso a la vivienda.
El académico subraya que el programa permite financiar hasta el 90% del valor de la vivienda mediante la garantía estatal, además de reducir la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Esta combinación de factores ha hecho más accesible la compra de viviendas para muchas familias, y Simian considera que la continuidad de esta medida es «una noticia muy buena». Sin embargo, también enfatiza la necesidad de una implementación rápida para maximizar el impacto en las ventas inmobiliarias en los meses venideros.
Pese a su entusiasmo por la propuesta, Simian plantea ciertas dudas sobre la inclusión de propiedades de hasta 6.000 UF dentro del alcance del subsidio. A su juicio, este límite podría abarcar propiedades que se encuentran al alcance de hogares con mayores ingresos, lo que podría poner en cuestión la equidad del subsidio. «¿Tiene sentido subsidiar también a ese grupo con este mecanismo? No estoy tan seguro de que sea una buena política pública», argumenta, sugiriendo que un incremento más moderado respecto al límite anterior de 4.000 UF habría sido más apropiado.
Finalmente, Simian llama a la prudencia sobre las expectativas que la ampliación del subsidio puede generar. A pesar de las dificultades que enfrenta muchas familias para acceder a la vivienda por los altos precios, enfatiza que la menor demanda por propiedades nuevas, junto con la transición demográfica y el reducido crecimiento de los hogares, son factores que también afectan el rendimiento del sector. Por ello, concluye que «no es solo un problema de precio, sino también de demanda», lo que invita a un análisis más profundo sobre el estado del mercado inmobiliario.
