Un reciente análisis elaborado por la consultora Colliers ha puesto de relieve el impacto devastador de las tomas de terreno ilegales en el mercado inmobiliario del país. Según Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers, cada toma afecta considerablemente el valor del suelo no sólo en el área ocupada, sino también en los terrenos aledaños. Este fenómeno genera una percepción de inseguridad y conflictividad social, así como restringe el desarrollo inmobiliario al dificultar la obtención de permisos y disminuir el interés de los inversionistas. En consecuencia, las tomas contribuyen al deterioro urbano debido a la acumulación de basura, la falta de servicios básicos y la consolidación de la informalidad.
Correa explica que el impacto de las tomas varía según la ubicación. En zonas céntricas, donde la demanda y la conectividad son elevadas, la disminución del valor del terreno oscila entre el 10% y el 25%. Esto se debe a que, a pesar del riesgo jurídico y social, la ubicación sigue siendo atractiva para los inversionistas. Sin embargo, en zonas periféricas, donde la consolidación urbana es menor, el impacto es mucho más grave, con reducciones que pueden alcanzar entre el 20% y el 40%. Esto refuerza la percepción de precariedad y la baja seguridad en esas áreas, afectando su desarrollo futuro.
Entre las tomas más significativas que han alterado el mercado inmobiliario, Colliers menciona la megatoma de San Antonio en Valparaíso, que afecta a más de 3.900 familias y está en el ojo público, perjudicando terrenos con alto potencial habitacional y logístico. Asimismo, las ocupaciones en Cerrillos y Maipú, en la Región Metropolitana, obstaculizan proyectos en antiguos terrenos industriales y áreas de expansión. En el norte, la toma en Calama, que se ha prolongado durante más de ocho años, ha impactado considerablemente terrenos comerciales, mientras que en la Araucanía las tomas en Padre Las Casas y Ercilla han afectado suelos agrícolas y urbanos en medio de un conflicto territorial. Por último, las tomas costeras en Constitución y Caldera han tenido repercusiones severas en terrenos turísticos y residenciales.
Para mitigar los efectos de estas tomas en terrenos aledaños, Correa sugiere que las autoridades implementen políticas claras de restitución y prevención, agilizando los desalojos en casos de usurpación según la Ley y sus reformas. También es fundamental fortalecer los programas habitacionales para atender la presión social que generan estas ocupaciones. Por parte de los propietarios privados, se aconseja proteger los terrenos mediante cercados y señalización adecuada, así como mantener una vigilancia y documentación actualizada para realizar denuncias rápidamente.
Otra estrategia recomendada es la gestión proactiva en colaboración con municipalidades, que podría incluir el uso temporal de los terrenos para actividades productivas o recreativas, evitando así su abandono. Además, se podrían aplicar medidas de mitigación ambiental y urbana, tales como la limpieza y el control de residuos, así como obras menores que prevengan el deterioro de los alrededores. En este contexto, es vital que tanto las autoridades como los privados trabajen juntos para enfrentar el desafío que representan las tomas de terreno y sus consecuencias en el ámbito inmobiliario.
