El gobierno peruano ha reaccionado ante la creciente violencia en Pataz tras el asesinato de 13 trabajadores mineros, estableciendo un toque de queda nocturno en la provincia. La presidenta Dina Boluarte anunció la medida el pasado lunes, junto con la suspensión de todas las actividades mineras en la región por un mes, en un intento por restaurar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta iniciativa viene acompañada de un despliegue significativo de policías y soldados que buscan tomar control de la situación alarmante en Pataz, una región que ha sido foco de conflicto debido a la presencia de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal.
El trágico suceso que resultó en la muerte de los 13 mineros ha expuesto la creciente amenaza de los grupos delictivos operando en Pataz. La empresa La Poderosa, que administra la mina donde trabajaban las víctimas, informó que estos hombres fueron secuestrados el 26 de abril por mineros ilegales en complicidad con criminales de la zona. Este incidente ha suscitado un gran debate en el país sobre la seguridad en las minas y la necesidad urgente de medidas efectivas para combatir la minería ilegal que sigue expandiéndose con impunidad.
Boluarte ha enfatizado que las fuerzas armadas tienen la instrucción de establecer un control total sobre el área minera de La Poderosa, en respuesta a los recientes asesinatos. La empresa por su parte ha revelado que 39 de sus empleados han sido asesinados en los últimos tiempos a causa de la violencia generada por las bandas criminales, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación en Pataz. Pese a la declaración de un estado de emergencia que se mantiene vigente desde febrero de 2024, la violencia persiste sin que se haya logrado revertir el deterioro en las condiciones de seguridad.
Los 13 trabajadores asesinado en Pataz eran empleados de un subcontratista y fueron enviados a recuperar el control de una mina que había sido tomada por un grupo de mineros ilegales. Sin embargo, fueron emboscados y secuestrados, y sus captores publicaron videos que causaron conmoción en el país, mostrando a las víctimas atadas y desnudas en un pozo de la mina. Esta indignante exposición no solo ha levantado la rabia del pueblo peruano, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la efectividad de las fuerzas de seguridad en el control de situaciones de este tipo.
El hallazgo de los cuerpos de los mineros y las revelaciones forenses que sugieren que fueron ejecutados a quemarropa antes de ser encontrados, ha intensificado el miedo y la frustración en Pataz. Luis Guillermo Bringas, fiscal de la región, ha calificado la situación como una ‘guerra por los pozos mineros’ que enfrentan a mineros legales contra ilegales. Este ciclo de violencia parece no tener fin, y cada día que pasa, la comunidad queda más expuesta a las consecuencias de la criminalidad organizada que opera con gran libertad en la zona.
