La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert Herrera, se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de que sus acciones durante su gestión como secretaria de Estado fueron consideradas ilegales. De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, Steinert excedió sus competencias al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) información específica sobre funcionarios involucrados en una investigación penal activa, lo cual está prohibido por la legislación vigente. Este pronunciamiento surgió a partir de reclamos presentados por los diputados Raúl Leiva Carvajal y Patricio Pinilla Valencia, quienes manifestaron su preocupación por la legalidad de los actos de la exministra.
El informe detalla que, apenas 48 horas después de asumir su cargo en marzo de este año, Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, en el que solicitaba antecedentes sobre los funcionarios del caso “Clan Chen” en Tarapacá. La Contraloría determinó que la información solicitada no era necesaria para las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad, lo que lleva a cuestionar la razón detrás de tal solicitud y su posible impacto en la investigación penal en curso. La actuación repentina de la ministra ha suscitado dudas sobre sus intenciones y sobre si podría haber existido un conflicto de interés, puesto que algunos de los funcionarios en cuestión habían trabajado con ella en su anterior rol como fiscal regional.
Entre los antecedentes requeridos por Steinert figuraban datos sensibles como nombres completos, RUT, y posibles antecedentes disciplinarios de los funcionarios implicados. La Contraloría enfatizó que estos requerimientos sobrepasaban las atribuciones del Ministerio de Seguridad, que sólo permite solicitar información que sea esencial para el desarrollo de políticas y programas de seguridad. Este hecho pone de relieve una falta de alineación con las normativas que rigen las solicitudes de información a las fuerzas policiales, resaltando la importancia de respetar la separación entre el ejercicio del poder ministerial y la legalidad de las investigaciones en curso.
La Contraloría también subrayó que Steinert debió abstenerse de hacer dichas solicitudes debido a su relación anterior con la brigada policial involucrada, un factor considerado un posible conflicto de interés. La norma establece que las autoridades deben evitar situaciones que pudieran comprometer su imparcialidad y objetividad. No obstante, el dictamen no remarcó responsabilidades penales ni cuestionó la legalidad de la desvinculación de la exprefecta general de la PDI, lo cual fue avalado por la misma Contraloría al calificar la salida de la funcionaria como conforme a derecho.
La situación ha dejado a muchos preguntándose sobre la gestión del gobierno de José Antonio Kast y la integridad de su administración, especialmente en un área tan sensible como la Seguridad. A medida que se desarrolla esta historia, se espera que surjan más detalles sobre el papel que jugó Steinert, así como una reflexión más amplia sobre la ética y la responsabilidad en las funciones públicas. Este caso, además, plantea la necesidad de una revisión más exhaustiva de las prácticas en el Ministerio de Seguridad para evitar que actos similares ocurran en el futuro y para garantizar que el respeto por las leyes prevalezca en la toma de decisiones gubernamentales.
