Julio de 2025 ha traído consigo un escenario político agitado en Chile, luego de que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara un informe de la Comisión Investigadora que evidencia la problemática detrás del acuerdo para la explotación del litio entre Codelco y SQM. Este informe señala que dicho acuerdo, en lugar de beneficiar al Estado, “representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales” del país, lo que ha generado una intensa discusión tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Con 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, se solicitó la anulación de este acuerdo, poniendo de relieve la falta de transparencia en el proceso que permitió la firma del mismo.
El documento de la Comisión Investigadora establece que el gobierno optó por no realizar una licitación pública internacional, lo que según sus conclusiones, privó al Estado chileno de recibir una cantidad significativa que podría haber alcanzado los US$6.700 millones. En lugar de ello, se acordaron utilidades sujetas a las fluctuaciones del precio internacional del litio, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad y protección de los intereses estatales. Este tipo de trato directo ha alimentado una percepción de favoritismo hacia SQM, un tema que ha sido constantemente cuestionado por distintos sectores, quienes exigen claridad y justicia en la asignación de recursos naturales.
El informe también pone en entredicho la legalidad y los métodos utilizados en este proceso, destacando la ausencia de criterios técnicos y económicos claros que sustenten la decisión del gobierno. Evidentemente, la voluntad de evitar la denominada «ventana productiva» –período donde no habría producción entre el fin del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador– fue utilizada como justificación, pero se describe en el informe como una «mentira» y un acto de mala fe por parte de Corfo y Codelco. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de una reflexión profunda sobre cómo se manejan los recursos estratégicos del país.
Entre las recomendaciones de la Comisión se destaca la necesidad de anular el acuerdo de explotación del litio y llevar a cabo una licitación internacional y transparente que permita seleccionar al mejor postor basado en criterios sociales, ambientales y económicos. Además, se alza la voz por una revisión exhaustiva de la consulta indígena, que ha sido tildada de meramente formal, lo que sugiere el desinterés por legitimar la participación de las comunidades afectadas. La falta de provisión de información adecuada al Congreso y a la ciudadanía ha comenzado a generar un cuestionamiento más amplio sobre cómo el Estado maneja sus recursos naturales y la rendición de cuentas de sus funcionarios.
En un contexto más amplio, el presidente Gabriel Boric había lanzado la Política Nacional del Litio en 2023, una iniciativa esperanzadora para muchos que perseguía no solo la explotación responsable de este mineral, sino también la creación de valor agregado a través del desarrollo tecnológico. Sin embargo, la inesperada firma del memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM, realizada sin la debida comunicación ante el Congreso, ha puesto en jaque la confianza en las políticas gubernamentales. La situación resalta la necesidad de establecer sanciones claras para aquellos funcionarios que operen en la oscuridad, ya que la impunidad en la gestión de los recursos del país puede acarrear graves consecuencias para el futuro económico y social de Chile.
