La policía colombiana ha logrado un avance significativo en la lucha contra la criminalidad transnacional al detener a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como «Cuchillo», el principal sospechoso del brutal asesinato de 13 trabajadores que habían sido secuestrados en una mina de oro en el vecino Perú. Este arresto es resultado de una colaboración efectiva entre las autoridades de Colombia y Perú, junto con la intervención de Interpol, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La detención tuvo lugar en Medellín, donde efectivos de la policía colombiana, apoyados por la agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU., lograron capturar a Díaz, quien se encontraba bajo un aviso rojo emitido por la Interpol.
Los trágicos acontecimientos que rodearon el asesinato de los mineros ocurrieron el 4 de mayo, cuando sus cuerpos fueron encontrados en un túnel de la mina ubicada en el distrito de Pataz, Perú. Los trabajadores habían sido enviados a la mina para recuperar el control tras un ataque violento de un grupo rival que intentó apoderarse de la propiedad. Según las autoridades peruanas, los mineros fueron emboscados y capturados por orden de Díaz, quien habría planeado el ataque con la intención de robar el oro que los mineros habían extraído.
La violencia en el sector minero en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en un problema persistente impulsado por la actividad de grupos de mineros ilegales y bandas criminales organizadas. El ministerio del interior de Perú ha planteado que el crimen organizado representa una amenaza significativa no solo para la industria minera legal, sino también para la seguridad de las comunidades que dependen de esta actividad económica. La firma La Poderosa, propietaria de la mina, ha lamentado que un total de 39 de sus empleados han sido víctimas de la violencia relacionada con bandas criminales en la región.
Ante esta situación crítica, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha tomado medidas drásticas, como la imposición de un toque de queda nocturno en Pataz y la suspensión de las actividades mineras por un mes, buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos y restaurar el orden público. Asimismo, se ha ordenado el despliegue de fuerzas policiales y militares adicionales en la región, con la esperanza de disuadir a las bandas criminales y proteger a los trabajadores del sector.
Finalmente, las autoridades peruanas esperan que Miguel Antonio Rodríguez Díaz sea extraditado a Perú en un periodo corto, donde enfrentará graves cargos por delitos como «delito organizado, secuestro agravado y homicidio agravado». Este caso pone de relieve la necesidad de un enfoque coordinado y sostenido en la lucha contra el crimen organizado en la región, así como la importancia de proteger a aquellos que trabajan en la minería, un sector vital para la economía peruana.
