El gobierno uruguayo, bajo el liderazgo de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, se encuentra en etapa de elaboración de nuevas decisiones con el objetivo de robustecer las medidas contra la corrupción en el país. En una reciente entrevista, Ferraris destacó que esta acción es parte de una agenda más amplia que busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Con la creación de Jutep en 2015, el país dio un paso importante hacia la lucha contra la corrupción, aunque se enfrenta actualmente a desafíos significativos debido a la falta de reglamentos y recursos suficientes para llevar a cabo su misión de manera efectiva.
Durante este año, la administración del presidente Yamandú Orsi se propone establecer tres líneas de acción claves en su estrategia anticorrupción. Entre estas acciones, Ferraris subrayó la importancia de regular lo que se conoce como la «ley cristal», que busca aumentar la visibilidad de las declaraciones de bienes y patrimonios de los funcionarios públicos. Además, se busca crear un Observatorio Anticorrupción que vigile y analice casos de posible corrupción, lo que representa un avance notable en la supervisión y la transparencia en la gestión pública.
La futura legislación incluirá un listado exhaustivo de funcionarios que estarán obligados a presentar declaraciones juradas, que van desde el presidente y el vicepresidente de la República hasta jefes de organismos de control, legisladores y autoridades militares. Este enfoque tiene como finalidad elevar los estándares de transparencia en las instituciones del Estado, eliminando la opacidad que ha caracterizado a muchos aspectos de la administración pública. Las declaraciones juradas no solo servirán para que los ciudadanos conozcan la situación patrimonial de sus representantes, sino que también buscarán prevenir prácticas corruptas, actuando como un mecanismo de control interno.
Otra de las propuestas que se discutirán en el marco de estas iniciativas es la implementación de multas para aquellos funcionarios que no cumplan con el deber de presentar sus declaraciones juradas. En la actualidad, no existen sanciones claras por el incumplimiento de esta obligación, lo que ha llevado a una falta de seriedad en su cumplimiento. Ferraris criticó la falta de información pública en las declaraciones juradas, afirmando que Jutep ha encubierto datos que deberían estar disponibles para la ciudadanía, lo que podría haber disminuido la confianza en las instituciones.
Finalmente, Ferraris enfatizó la urgencia de establecer procedimientos claros para el manejo de denuncias de corrupción, ya que actualmente hay un número significativo de quejas pendientes sin resolver, lo que refleja una inefficacia en los mecanismos de respuesta de Jutep. Con cerca de 500 denuncias acumuladas desde 2020, la falta de una plataforma eficiente para gestionarlas puede socavar la credibilidad de la Junta y, por ende, la lucha contra la corrupción en Uruguay. La presidenta de Jutep concluyó que, de implementarse las regulaciones propuestas, el trabajo de prevención en el ámbito de la corrupción será «verdaderamente eficiente», asegurando que las declaraciones juradas cumplan con su función preventiva.
