La Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido un fallo significativo al determinar que el presidente Donald Trump se extralimitó en el uso de sus poderes de emergencia al imponer gravámenes a los socios comerciales del país. Con una clara mayoría de 6-3, la decisión representa un duro revés para la política arancelaria del mandatario y se convierte en uno de los primeros grandes obstáculos que enfrenta en su segundo mandato. Este giro en la narrativa, que hasta ahora había sido favorable a Trump en otros aspectos de su agenda, destaca las complejidades constitucionales que rodean la autoridad presidencial en tiempos de paz.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, explicó que el Gobierno de EE.UU. no posee facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles basándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, la legislación que Trump invocó para sus medidas comerciales. Según el fallo, el uso de dicha ley por parte de Trump significaría una delegación excesiva del poder tributario reservado al Congreso, ya que los aranceles son considerados una forma de impuesto. Esta decisión resalta la necesidad de que el Presidente y su administración respeten los límites impuestos por la Constitución en cuestiones fiscales.
A pesar de este revés, no se descarta que Trump pueda seguir imponiendo gravámenes bajo otras normativas legales. Funciones de la Administración sugieren que prevén mantener el marco arancelario establecido por Trump, aunque no queda claro si los importadores afectados podrán recuperarse de los altos aranceles que han pagado. La incertidumbre sobre la viabilidad de reembolsos, que podrían ascender a miles de millones de dólares, genera inquietudes en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas empresas importadoras que alega haber demandado por estas tarifas excesivas.
Trump ha expresado su descontento con la decisión del Tribunal Supremo, calificándola de «muy decepcionante» y defendiendo la implementación de los aranceles como un pilar fundamental del éxito económico de su administración. El presidente argumenta que estos gravámenes son esenciales para ejercer presión sobre otras naciones en temas de política exterior. Además, ha reconocido que el proceso para devolver las cantidades recaudadas a los importadores sería «prácticamente imposible», lo que agrava aún más la situación para aquellos que se han visto perjudicados por estas políticas arancelarias.
La controversia en torno a los aranceles impuestos por Trump también incluye el fallo de una corte de apelaciones del Circuito Federal en agosto, que dictaminó que el presidente no tenía la autoridad para imponer los denominados «aranceles recíprocos» a países como Brasil e India, que varían entre un 10% y un 50%. Asimismo, el tribunal cuestionó la validez del gravamen del 25% sobre ciertos productos provenientes de Canadá, China y México, argumentando que no existen esfuerzos suficientes por parte de estos países para frenar la entrada del fentanilo a EE.UU. Sin embargo, el Alto Tribunal dio tiempo al Gobierno federal para llevar la causa de nuevo ante él sin congelar la aplicación de los aranceles, lo que deja abierta la puerta para futuros litigios en este controvertido tema.
