Los cambios de gobierno siempre constituyen un punto de inflexión para el mercado inmobiliario, generando expectativas y preocupaciones en los inversores y ciudadanos. A medida que una nueva administración se prepara para asumir el mando, la incertidumbre en el campo regulatorio puede afectar las decisiones de inversión. No se trata meramente de un ejercicio de optimismo o pesimismo político, sino de establecer un entorno de certidumbre que impulse la confianza entre desarrolladores y compradores. En este contexto, la importancia de una hoja de ruta clara y efectiva para abordar el déficit habitacional se vuelve más urgente, dado que las cifras actuales indican una alarmante escasez de aproximadamente un millón de viviendas.
Las causas de este déficit son múltiples y complejas, abarcando desde el aumento descontrolado de los costos de construcción, hasta la burocracia que entorpece el avance de proyectos inmobiliarios. La combinación de créditos hipotecarios cada vez más restrictivos y un entramado administrativo que transforma proyectos viables en verdaderas pesadillas para las inmobiliarias, ha creado un escenario complicado que requiere de soluciones tangibles y no solo de diagnósticos superficiales. Es esencial que cualquier iniciativa se dirija a conectar la oferta con la capacidad real de pago de las familias chilenas, mejorando su acceso a la vivienda, un derecho básico que aún resulta esquivo para muchos.
La inversión en el desarrollo inmobiliario se mueve en función de dos variables esenciales: la certeza institucional y la demanda efectiva. La primera determina la viabilidad de inversiones a largo plazo dentro del país, mientras que la segunda asegura que existan compradores y arrendatarios dispuestos a adquirir o arrendar las propiedades. Por lo tanto, resulta un desafío crear un entorno financiero accesible que dé soporte a los segmentos de ingresos medios y bajos. Las iniciativas del gobierno, como el subsidio para la adquisición de terrenos y la eliminación gradual de contribuciones, si bien son pasos en la dirección correcta, necesitan ser acompañadas por políticas que faciliten a las familias acceder al financiamiento, asegurando de esta manera que los proyectos sean rentables y sostenibles.
Además de ajustar las políticas crediticias y de subsidios, es crucial abordar el tema de la «permisología» que hoy frena el avance de nuevos desarrollos. Agilizar la normativa municipal y simplificar los procesos de evaluación ambiental son medidas que no solo reducirían costos, sino que también permitirían que más proyectos ingresen al mercado con precios competitivos. Esta simplificación no debe interpretarse como un sacrificio de estándares de calidad o de protección medioambiental, sino como una propuesta para que la regulación funcione con mayor eficiencia, generando un ecosistema más dinámico en el sector inmobiliario.
Con la nueva administración en el horizonte, la necesidad de emitir señales claras se vuelve imperiosa. Un enfoque integral que combine acceso a crédito, subsidios orientados y una simplificación eficaz de la regulación podría transformar el panorama del déficit habitacional. Esta fórmula permitiría no solo reducir el déficit, sino también revitalizar el mercado inmobiliario en su conjunto, fomentando un ciclo de inversión que beneficie a todos los sectores. La responsabilidad del próximo gobierno será articular acciones concretas en estos ejes, para así lograr que el sueño de la vivienda propia deje de ser un anhelo inalcanzable para muchas familias chilenas.
