Las autoridades de Hong Kong han reportado un aumento dramático en la cifra de víctimas tras el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que ahora cuenta con 159 fallecidos confirmados. Este incremento ha provocado un renovado llamado a la acción por parte de la Policía, que ha anunciado seis nuevas detenciones relacionadas con la presunta irregularidad en el suministro y la gestión de equipos contra incendios en el complejo. Las labores de búsqueda han sido completadas en las siete torres afectadas por el siniestro, pero los equipos continúan con la recuperación de restos y pruebas para esclarecer las causas del trágico evento.
Los arrestos recientes se suman a una serie de detenciones que incluyen a directivos de la empresa responsable del mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios, así como a ingenieros estructurales y subcontratistas, todos ellos investigados bajo acusaciones de homicidio imprudente y corrupción. El incendio, que se propagó rápidamente durante trabajos de renovación, ha sido calificado como el más mortífero en Hong Kong en varias décadas, provocando una ola de indignación entre la población que exige justicia y responsabilidades.
Mientras tanto, el órgano de seguridad nacional del Gobierno de Hong Kong ha emitido un comunicado en el que califica a ciertos grupos como «fuerzas hostiles» que están intentando utilizar la tragedia con fines políticos. Las autoridades acusan a estas fuerzas de tratar de avivar los disturbios sociales, haciendo eco de las multitudes que protestaron en 2019 contra el gobierno. La Oficina ha cautelado que cualquier intento de explotar la tragedia para desestabilizar la región será perseguido bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.
En este contexto, la Policía de Seguridad Nacional ha iniciado la detención de varias personas en relación con acciones que piden una investigación independiente sobre el incendio. Entre los arrestados se encuentran un estudiante universitario, un exconcejal y un abogado, lo que ha suscitado aún más preocupación entre los ciudadanos sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en un ambiente tan crítico. Las detenciones han generado un fuerte debate sobre la proporción de la respuesta del gobierno ante una crisis humanitaria.
Con una población de alrededor de 4,600 residentes, en su mayoría ancianos, el Wang Fuk Court ha sido testigo de uno de los incidentes más calamitosos y ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de Hong Kong. A medida que las investigaciones continúan, se espera que las autoridades enfrenten un creciente clamor por mejoras en la seguridad y mayor transparencia en la gestión de emergencias, así como por rendición de cuentas en el proceso de rehabilitación de edificios en la ciudad.
