La Ley de Protección de Datos Personales, que fue aprobada en 2024, aún no se ha implementado completamente, ya que su entrada en vigencia está programada para el 1 de diciembre de 2026. Esta normativa es fundamental, ya que establece la creación de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, cuya misión es supervisar y fiscalizar el tratamiento de la información de personas naturales y jurídicas. Sin embargo, un obstáculo importante en este proceso ha sido la incapacidad de conformar el Consejo Directivo de la agencia, ya que el plazo para nombrar a sus integrantes expiró en junio, dejando a la institución sin la estructura operativa necesaria cuando se acerque la fecha de entrada en vigor.
En este contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha confirmado que en una reunión programada para este martes 4 de agosto con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se discutirán las acciones a seguir respecto al futuro de la ley. Mas expresó que la reunión es crucial para tomar decisiones sobre la ley y reconoció que ha sido un desafío encontrar candidatos adecuados para integrar el Consejo. La situación actual genera incertidumbre sobre cómo avanzará el proyecto y cuál será el impacto de una posible postergación.
El Gobierno está evaluando varias opciones, que incluyen la posibilidad de retrasar la vigencia de toda la ley o solo la inauguración de la Agencia de Protección de Datos Personales. Se han mantenido conversaciones técnicas entre diferentes ministerios para abordar el tema y se espera que en los próximos días se presente un proyecto de ley al Congreso para modificar algunos aspectos de la regulación actual. Esto incluye la relevancia de las sanciones económicas que se prevén para infracciones graves y el período de gracia designado para las pequeñas y medianas empresas.
La situación se complica aún más porque la designación de los miembros del Consejo Directivo requiere un consenso político que, tras el rechazo de la primera terna por el Senado, ha dejado un vacío institucional. Esto ha llevado a empresas y organismos a prepararse bajo la fecha original de implementación, y un aplazamiento de la legislación afectaría gravemente su cronograma de ajuste y adaptación a estas nuevas leyes. Hasta la fecha, no se han dado cifras oficiales sobre los candidatos evaluados ni se han aclarado las razones detrás de los obstáculos en el nombramiento.
Finalmente, aunque no se ha anunciado oficialmente una postergación de la vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, la reunión de este martes será clave para definir el futuro inmediato de esta situación. La falta de un acuerdo formal entre el Gobierno y el Congreso podría prolongar la incertidumbre en torno a la nueva normativa. A la luz de las proyecciones actuales, las empresas continúan operando bajo el supuesto de que la ley entrará en vigencia en diciembre de 2026, a menos que se notifique lo contrario.
