Luego de 11 años desde la entrada en vigor de la Ley 20.720, conocida como la Ley de Quiebra en Chile, la abogada Cherie Alderete, especialista en insolvencia y CEO de Tu Asesora Legal, ha destacado la relevancia de esta normativa en la actualidad. La quiebra, entendida como un proceso legal que permite a deudores extinguír sus deudas, se convierte en una herramienta crucial para aquellos que enfrentan dificultades financieras. «El único requisito esencial para presentarse a liquidación es la insolvencia y el asesoramiento de un experto», afirma Alderete, subrayando la importancia de reconocer la realidad de las deudas y la incapacidad de pago para decidir tomar este camino.
En Chile, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento ha proporcionado un marco para que tanto personas como empresas puedan enfrentar la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras de manera ordenada y legal. En este contexto, Alderete enfatiza que los beneficios de acogerse a esta ley son especialmente relevantes al final del año, cuando muchas personas sienten una presión financiera considerable debido a los gastos acumulados. Al declararse la insolvencia, se establece una suspensión inmediata de juicios, embargos y llamadas de cobranza, lo que permite respirar y aliviar la carga emocional en un mes tan complicado como diciembre.
La abogada también destaca la importancia de iniciar el proceso con antelación, ya que mientras antes se inicie el procedimiento, más pronto dará comienzo la rehabilitación financiera del deudor. Esto significa que culminar el año con una situación de insolvencia podría ofrecer un nuevo comienzo, con cuentas protegidas y un plan claro para la reestructuración de las finanzas personales. «La insolvencia no es un castigo, sino un mecanismo legal que permite a las personas reordenar sus obligaciones y volver a tener un futuro financiero viable», afirma Alderete.
Sin embargo, Alderete advierte sobre las posibles consecuencias de acogerse a la Ley 20.720. A pesar de que la legislación prohíbe la discriminación, algunos bancos y casas comerciales podrían limitar temporalmente el acceso a sus servicios financieros. Esto podría ser doloroso para deudores que tienen bienes de valor que deben entregar, aunque muchos, según la abogada, ya no sienten apego a estos activos. A largo plazo, la posibilidad de reintegrarse al sistema financiero es viable, siempre y cuando se muestre paciencia y un esfuerzo en la recuperación de ingresos.
Desde su promulgación en octubre de 2014, la Ley 20.720 ha permitido que casi 60 mil personas y empresas regularicen sus deudas, facilitando un proceso legal claro y accesible. Datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Chile revelan que entre octubre de 2014 y septiembre de 2025 se registraron más de 12 mil renegociaciones, con un fuerte predominio en la Región Metropolitana. La edad promedio de quienes se acogen a esta ley es de 30 a 44 años, con ingresos que oscilan entre los $500.000 y $750.000. Así, la normativa no solo brinda un alivio inmediato, sino que también forma parte de un esfuerzo más amplio por ayudar a las personas a recuperar su estabilidad financiera y reintegrarse a la economía.
