Recientemente, en el contexto de la discusión del proyecto de ley que busca modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N°21.442, el Colegio de Gestión de Administradores de Inmuebles (CGAI) fue convocado a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para presentar su postura respecto a las reformas propuestas. Entre las modificaciones que se están considerando, destacan ajustes en el manejo de viviendas sociales, junto con cambios que impactan tanto en las responsabilidades de los administradores de condominios como en la regulación de las sanciones impuestas a los residentes morosos.
Una de las propuestas que generó debate fue la de reducir las sanciones a residentes con deudas, limitando el recargo máximo a un reajuste por IPC. Juan Carlos Latorre, presidente del CGAI, expresó su preocupación ante esta medida, argumentando que no representa un mecanismo real de presión para el pago; en lugar de eso, únicamente perpetúa la deuda al valor presente. Para Latorre, es crucial que las deudas por gastos comunes lleven un reajuste según el IPC, además de aplicar las tasas estipuladas en la ley, garantizando así una recaudación justa.
Durante la exposición de CGAI, también se discutió la creación de una norma que impediría la elección a Comité de Administración a aquellos copropietarios que tengan deudas pendientes o que hayan infringido disposiciones establecidas en la Ley de Copropiedad o en en su Reglamento. Esta propuesta fue bien recibida por los parlamentarios, aunque se advirtió que requerirá ajustes técnicos adicionales para su implementación efectiva, con la intención de robustecer el cumplimiento normativo en los condominios.
Otro eje de la discusión fue la nueva sanción que se pretende aplicar a los administradores que fallen en rendir cuentas mensualmente. Latorre enfatizó que la rendición de cuentas es fundamental para el proceso de cobranza de gastos comunes, subrayando que un administrador que no cumple esta obligación no está desempeñando adecuadamente su labor. Además, cuestionó la inclusión de sanciones adicionales al lamentar que podrían afectar injustamente a los administradores profesionales que actúan conforme la ley, en detrimento de aquellos administradores menos responsables.
Por último, el CGAI resaltó la necesidad de exigir una acreditación de conocimientos a quienes ejerzan labores de administración, sean personas naturales o jurídicas, enfatizando la importancia de realizar cursos relevantes al momento de inscribirse en el Registro de Administradores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Tras la sesión, los diputados valoraron la articulada defensa de los administradores realizada por el CGAI, comentando que el objetivo de las modificaciones no es sancionar sin justificación, sino asegurar la correcta aplicación de las disposiciones legales. Latorre concluyó que el Colegio está comprometido a mejorar la normativa vigente y buscará mantener diálogo con el MINVU para avanzar en sus propuestas.
