En una reciente conferencia de prensa, Patricio Gatica, presidente de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN), destacó la importancia de las iniciativas que buscan incentivar la recuperación y el crecimiento de la pequeña minería en Chile. Sin embargo, también lanzó un llamado a las autoridades para que aborden las dificultades administrativas, financieras y regulatorias que aún limitan el desarrollo del sector. Gatica estuvo acompañado por el vicepresidente Fernando Gattas y el abogado Tomás González, quienes coincidieron en que el Plan Minería en Marcha es un paso positivo, especialmente para apoyar a los productores afectados por los últimos fenómenos climáticos, pero advirtieron sobre los requisitos que podrían perjudicar a aquellos que más necesitan asistencia financiera.
El líder de AGRUMIN enfatizó que, aunque el objetivo del Plan Minería en Marcha es noble, existen condiciones que podrían dejar fuera a muchos pequeños productores que enfrentan situaciones económicas complejas. Entre los requisitos mencionados están la imposibilidad de tener deudas de IVA, imposiciones previsionales impagas o multas pendientes con el Estado. Gatica señaló que «muchos pequeños productores arrastran obligaciones originadas en períodos económicos muy difíciles, y hoy los intereses, multas y recargos pueden hacer prácticamente imposible su regularización», lo que pone en riesgo la posibilidad de reactivar su trabajo.
Fernando Gattas, vicepresidente de AGRUMIN, abordó otro tema crítico: el anteproyecto que busca elevar el umbral de producción de la pequeña minería de 5.000 a 40.000 toneladas mensuales. Esta propuesta, ahora en consulta pública, representa un anhelo antiguo de los pequeños productores, quienes argumentan que el límite actual se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento de sus operaciones. Gattas afirmó: «Elevar el umbral es una señal muy importante para la pequeña minería, ya que puede abrir posibilidades para aumentar la producción, realizar nuevas inversiones y generar más empleo en las regiones».
Además de la modificación del umbral, AGRUMIN sostiene que es fundamental llevar a cabo una revisión integral del acceso al financiamiento, la relación con la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y otros aspectos regulatorios. Gattas subrayó que el crecimiento de la pequeña minería tiene un impacto notable en las economías locales, dinamizando la actividad económica, fortaleciendo proveedores y creando oportunidades laborales en áreas con pocas alternativas productivas. Es por ello que cualquier cambio normativo debe ir acompañado de medidas que faciliten realmente el crecimiento del sector.
Por último, en relación a la Ley N.º 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás González, abogado de AGRUMIN, expresó la necesidad de compatibilizar la protección de la biodiversidad con la certeza jurídica y la continuidad de las actividades productivas. Advirtió sobre los posibles efectos negativos que las nuevas exigencias podrían tener sobre proyectos existentes, y recalcó que se debe considerar la diferencia entre escalas de producción. «Es esencial contar con criterios objetivos, reglas claras y respeto por las autorizaciones vigentes para evitar que las regulaciones afecten desproporcionadamente a los pequeños productores», concluyó.
