La veda biológica de la merluza común se establece cada año durante el mes de septiembre, y su propósito es proteger el periodo crítico de reproducción de esta especie. Este año, del 1 al 30 de septiembre, las autoridades han hecho un llamado contundente a la población para que no participe en la compra y venta de este recurso durante su veda. Ana María Fernández Faletto, directora regional de Sernapesca Biobío, enfatiza que estas medidas son imprescindibles para evitar la sobreexplotación, ya que garantizar la reproducción de la merluza es fundamental para la recuperación de esta especie en peligro. El compromiso de todos es vital para asegurar la sostenibilidad del recurso y la salud del ecosistema marino.
La campaña nacional «Que no le vendan la pescá» ha sido diseñada para concienciar a la población sobre la importancia de respetar las regulaciones pesqueras durante este periodo. Según datos de las autoridades, en 2024 se incautaron más de 21 toneladas de merluza común de origen ilegal, subrayando la seriedad de la situación. La venta ilegal no solo perjudica la recuperación de la especie, sino que también amenaza de manera directa a los puestos de trabajo que dependen de la pesca reglamentada. Desde la creación de esta campaña, se han intensificado las fiscalizaciones en puntos de venta y caminos principales, involucrando a diversos organismos para hacer cumplir las normas establecidas.
Desde el ámbito social y laboral, Luisa Zapata Monsalves, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Procesos de la Industria Pesquera del Biobío, ha manifestado su preocupación con un fuerte llamado a la acción, instando a los consumidores a abstenerse de comprar merluza fresca. Su mensaje recalca que cuidar el recurso no solo es crucial para la sostenibilidad del medio ambiente, sino también para la preservación de miles de empleos femeninos en el sector pesquero. La lucha por proteger la merluza es, en esencia, una lucha por el sustento y la dignidad de muchas trabajadoras de la industria.
Las sanciones por violar la normativa durante la veda son severas, con multas que pueden oscilar entre 2 y 20 millones de pesos. Además, los infractores pueden enfrentar la incautación de vehículos y el cierre temporal de sus negocios. La implementación de multas rigurosas pretende disuadir la venta ilegal de merluza, asegurando que tanto comerciantes como consumidores comprendan el impacto de sus decisiones. La colaboración entre Sernapesca y las diferentes fuerzas del orden es vital para hacer frente a este delito y garantizar el cumplimiento de la ley.
En conclusión, el respeto a la veda biológica de la merluza común no es solo responsabilidad de las autoridades, sino de toda la ciudadanía. Al optar por otras especies de pescado y denunciar la venta ilegal, cada individuo puede contribuir a la protección de este recurso y a la sostenibilidad del sector pesquero. El bienestar de la merluza es, sin duda, un reflejo del bienestar de las comunidades que dependen de ella, y durante este mes de septiembre, la conservación se convierte en un compromiso colectivo que beneficiará a generaciones futuras.
