El Primer Tribunal Ambiental ha dado un paso significativo al acoger a trámite tres reclamaciones presentadas contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tras la controvertida aprobación del proyecto “Prospección Minera Campanario”, impulsado por la empresa Barrick. Las acciones judiciales fueron interpuestas por la ONG Elqui Valle Sagrado, la Organización Turística de Pisco Elqui y la guía de turismo Angélica Rojas, quienes buscan anular la resolución del SEA que rechazó previamente sus recursos de reclamación en relación a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para este proyecto en julio de 2024.
Los reclamantes han expresado su preocupación por el hecho de que sus observaciones ciudadanas no fueron plenamente consideradas durante la evaluación del proyecto. Alegan que la DIA aprobada presenta múltiples deficiencias, advirtiendo sobre los posibles impactos ambientales y sociales que el proyecto podría ocasionar. Entre las preocupaciones señaladas se encuentran la afectación a glaciares, humedales, aguas subterráneas, flora y fauna, así como posibles impactos sobre el patrimonio cultural y las actividades económicas locales, como el turismo y la agricultura. Esta situación ha generado un fuerte rechazo en la comunidad afectada, que siente que sus voces no han sido tomadas en cuenta por las autoridades.
Además, los reclamantes cuestionan la decisión del SEA de calificar el proyecto mediante una DIA en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental más exhaustivo. Argumentan que un estudio más completo hubiera proporcionado una evaluación más rigurosa y participativa, permitiendo así que las inquietudes de la comunidad fueran abordadas adecuadamente. En este sentido, piden no solo la anulación de la resolución del SEA, sino también la invalidación de la aprobación ambiental y el inicio de un nuevo proceso de evaluación que respete los principios de legalidad, prevención y la participación ciudadana.
El proyecto “Prospección Minera Campanario” tiene como objetivo identificar el potencial de mineralización del Área Campanario a través de la realización de hasta 116 sondajes mineros. Esto incluye la ejecución de pozos de sondajes, la habilitación de caminos de acceso y el transporte de personal e insumos desde las comunas cercanas. Con una inversión estimada de US$36 millones y una vida útil proyectada de cinco años, el proyecto ha despertado un amplio debate en la región debido a las implicaciones ambientales que puede conllevar, particularmente en un ecosistema tan sensible como el de la zona.
Con la admisión a trámite de las reclamaciones, se ha iniciado oficialmente el procedimiento ante el Primer Tribunal Ambiental. Este tribunal ha agrupado las causas presentadas por los diferentes reclamantes, permitiendo así una tramitación conjunta que busca esclarecer las inquietudes planteadas. En el siguiente paso se espera que la Dirección Ejecutiva del SEA presente un informe que explique los fundamentos detrás de su decisión de rechazar las reclamaciones iniciales. La atención está centrada ahora en cómo se desarrollará este proceso y la respuesta que dará el SEA a las inquietudes de la comunidad.
