El Senado de Chile aprobó el martes pasado el Proyecto de Ley N°17322-03, el cual se centra en la simplificación regulatoria y la promoción económica del país. Esta importante iniciativa, que ahora se trasladará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite legislativo, tiene como objetivo facilitar la inversión y mejorar la competitividad nacional mediante la simplificación de normas y la optimización de procesos administrativos. Con este paso, el gobierno busca impulsar un entorno más favorable para los negocios, especialmente en un contexto económico desafiante.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que esta propuesta incluye ajustes normativos que proporcionarán una mayor certeza jurídica a los inversionistas. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la extensión del plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida es crucial para asegurar la sostenibilidad de un sector vital para la economía, que enfrenta retos constantes debido a las fluctuaciones del mercado.
Otro aspecto significativo del proyecto es la creación de una reducción transitoria del Impuesto a la Renta, que beneficiará a las empresas bajo el Régimen Pro-Pyme. Esta rebaja comenzará en 2025 y mantendrá una tasa del 12,5% durante tres años, lo que podría aliviar la carga tributaria y fomentar la inversión en pequeñas y medianas empresas que son fundamentales para el crecimiento económico del país. Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno con la reactivación de estos segmentos del mercado.
Además de los cambios fiscales, el proyecto de ley también introduce modificaciones a la Ley de Bosque Nativo, con el fin de resolver problemas relacionados con la clasificación de especies y abordar la Ley de Emergencia por Incendios, la cual ampliará la importancia de los proyectos financiados. Estas enmiendas no solo buscan optimizar la gestión ambiental, sino también proponer un desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales de Chile, esenciales para la biodiversidad y el bienestar de las comunidades.
Por último, el proyecto incluye un artículo que establece un mecanismo especial de compensación a los usuarios por interrupciones en los servicios hídricos. Asimismo, se plantean cambios en el Código de Aguas y en la legislación sobre humedales para permitir actividades públicas necesarias dentro de áreas protegidas. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia del gobierno que comprende otros proyectos en trámite, como la Ley Marco de Permisos Sectoriales, demostrando un enfoque integral hacia el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
