La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, tomó la decisión de suspender a la jueza Irene Rodríguez Chávez, tras los acontecimientos que rodearon la liberación del sicario Alberto Mejía. Esta suspensión se encuentra en el marco de un sumario disciplinario que investiga las circunstancias en las que el imputado, inicialmente detenido bajo el alias de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, fue puesto en libertad. La decisión fue comunicada este viernes y responde a la gravedad de los hechos, que han generado una profunda preocupación dentro del ámbito judicial y la opinión pública.
La controversia se desata en torno a la liberación del imputado, quien está vinculado al crimen organizado y a actividades delictivas en la capital. La cadena de errores y descoordinaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial. A raíz de un supuesto error de tipeo en los documentos que remitió el 8° Juzgado de Garantía, Alberto Mejía recibió inicialmente una orden de prisión preventiva que luego fue revocada de manera incomprensible, creando un vacío que permitió su liberación. Esta serie de eventos resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos y judiciales.
Por otro lado, se ha anunciado también la suspensión de un funcionario del Poder Judicial cuya identidad y cargo se mantienen en reserva. Esta medida, además de resaltar el impacto del caso sobre la credibilidad del sistema judicial, pone de manifiesto los problemas sistémicos que pueden existir en la operativa interna de la justicia. La Corte de Apelaciones de Santiago ha enfatizado en la necesidad de establecer controles más rigurosos que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro.
Luego de la liberación, el destino de Alberto Mejía ha despertado aún más inquietudes, ya que se ha confirmado que él pagó un viaje desde Estación Central a Iquique antes de salir del país hacia Perú. Este movimiento fugaz ha llevado a la Interpol a emitir una alerta roja para facilitar su captura internacional. La preocupación se centra ahora en cómo un individuo señalado como sicario pudo evadir la justicia de esta forma, lo que plantea interrogantes sobre la vigilancia y el control de los procesos penales vigentes en Chile.
El caso ha captado la atención de los medios y la opinión pública, quienes exigen respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para restablecer la confianza en la justicia. La fiscal Carrasco, al tomar medidas rápidas y decisivas, busca no solo asegurar que se lleve a cabo una investigación rigurosa, sino también restaurar la fe en un sistema que, en esta ocasión, se ha visto claramente menoscabado. La actuación de la jueza Rodríguez y la manera en que interactúan las diferentes entidades del sistema penal serán scrutinadas a medida que avanza la investigación.
