El entorno jurídico ambiental en Chile se ha visto nuevamente puesto a prueba, con el Primer Tribunal Ambiental revisando las medidas cautelares que han mantenido suspendidas las operaciones de extracción de Ulexita en el Salar de Surire por parte de la empresa Quiborax. Este proceso ocurre en medio de una demanda por presunto daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que ha generado tensiones entre las partes involucradas. La audiencia de revisión, que se llevó a cabo hace unos días, fue la continuación de intentos de conciliación que resultaron infructuosos, marcando un punto crítico en el desarrollo de la actividad minera en la Región de Arica y Parinacota.
Desde que el Tribunal Ambiental ordenó la paralización total de las operaciones de Quiborax en septiembre de 2024, se han contemplado excepciones que permitieron ciertas actividades limitadas, como la nivelación de áreas intervenidas y el retiro de material acopiado. Sin embargo, al acercarse la fecha de vencimiento de esta medida cautelar, la empresa solicitó la revisión para establecer un régimen de extracción restringido y extender el plazo para el transporte del mineral. Ignacio Mujica, abogado de la empresa, argumentó que la situación económica de Quiborax es precaria, precisando que una continuación de la suspensión podría llevar a su cierre y a la insolvencia.
El debate en la audiencia se centró no solo en la viabilidad financiera de la empresa, sino también en el bienestar de los trabajadores y comunidades indígenas afectadas. Hugo Botto, abogado que representa a las comunidades indígenas del Salar de Surire, expuso que la resolución del caso tiene profundas implicancias para ellos, aunque no sean parte directa del litigio. Esta preocupación por el impacto social y económico subraya la necesidad de considerar no solo los aspectos legales, sino también los humanos en la gestión de conflictos ambientales.
Por su parte, el abogado Osvaldo Solís, representante del CDE, pidió que se mantengan las medidas cautelares y se limite estrictamente la actividad a la carga y transporte del mineral ya acopiado, enfatizando la importancia de preservar el medio ambiente y evitar un daño irreversible. En este contexto, también se plantearon preocupaciones sobre la falta de reconocimiento de la población afectada y la necesidad de mejorar los mecanismos de control y mitigación relacionados con la actividad minera en la región. Esta postura refleja un enfoque cauteloso y conservacionista frente a los desafíos del desarrollo económico.
Finalmente, la decisión del Tribunal se basará en el análisis de los argumentos presentados, lo que podría culminar en la aprobación del nuevo régimen propuesto, la continuación de las medidas cautelares o incluso su levantamiento total. Este caso resalta la complejidad de la interfaz entre minería y medio ambiente en Chile, subrayando la importancia de una regulación efectiva que equilibre el desarrollo industrial con la protección de los ecosistemas y las comunidades locales. A medida que el debate avanza, todos los ojos estarán puestos en los jueces del Tribunal Ambiental, quienes deberán tomar una decisión que tendrá consecuencias significativas en la región.
