En medio de un clima creciente de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, el director de ingresos de Snap Compliance, Luis Vásquez Tudela, ha afirmado que los recientes escándalos de corrupción han expuesto una preocupante fragilidad en el sistema administrativo del país. Casos como el de las licencias médicas fraudulentas, donde se han detectado más de 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero con permisos laborales, resaltan sectores en los que el control y la supervisión brilla por su ausencia. Estas situaciones no solo afectan la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también golpean la credibilidad de las reformas que se han implementado para combatir estas prácticas dañinas.
Tudela señala que episodios como la investigación sobre la campaña del gobernador Claudio Orrego y el escándalo ProCultura, que implica presuntos fraudes al Tesoro Público por montos superiores a los 6.000 millones de pesos, son claros ejemplos de un vacío normativo que permite estas irregularidades. «¿Dónde estaba el compliance?”, pregunta retóricamente, enfatizando la necesidad de establecer controles más estrictos para garantizar que no se crucen los límites entre lo público y lo privado. Tal situación, de acuerdo con Tudela, ha provocado que los mecanismos de fiscalización sean meras reacciones tardías a las irregularidades en lugar de acciones proactivas para prevenirlas.
Lamentablemente, el daño reputacional y la erosión de la confianza institucional a menudo ya se han materializado para el momento en que el sistema reacciona. Para Tudela, esto no puede continuar, sobre todo cuando existen recursos tecnológicos avanzados que permiten anticipar y abordar estas infracciones antes de que sucedan. La implementación de herramientas que utilizan inteligencia artificial para cruzar datos y emitir alertas tempranas podría ser el cambio que tanto necesita la administración pública. Estas tecnologías podrían ayudar a identificar patrones inusuales, como licencias médicas fraudulentas o la asignación irregular de recursos a entidades relacionadas, reafirmando la importancia de un enfoque proactivo al compliance.
El compromiso con la innovación tecnológica no debe ser una opción, sino una obligación estatal, argumenta Tudela. En el ámbito privado, la función del cumplimiento normativo ha evolucionado hacia una práctica estratégica de vital importancia. Al incorporar estándares claros para la gestión del riesgo y el establecimiento de políticas de control, se pueden generar alertas en tiempo real que faciliten una supervisión efectiva. «Es imperativo que este enfoque se traslade también al sector público para proteger el buen uso de nuestros recursos», afirma Tudela, instando a las instituciones gubernamentales a adoptar un modelo de compliance que no solo cumpla con la normativa, sino que la potencie.
A pesar de que Chile cuenta con un marco legal que promueve la probidad y la transparencia, la falta de una infraestructura moderna y eficaz para su aplicación se hace evidente. Sin una transformación contundente en el sistema de compliance público, los escándalos seguirán surgiendo y la sociedad continuará preguntándose «¿dónde estaba el control?». La propuesta de Tudela es clara: el cumplimiento normativo no debe ser visto como un peso burocrático, sino como una herramienta esencial para fortalecer las instituciones y restablecer la confianza del ciudadano en el poder público. En esta era de transformación digital, la falta de acción en el ámbito de compliance representa una renuncia al deber de proteger el interés público.
