Dreams, Enjoy y Marina del Sol son señaladas por coordinarse para manipular licitaciones de permisos de operación, afectando la competencia en el sector de casinos. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pide al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que anule las licencias obtenidas bajo este esquema y restablezca la competencia en la industria.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol, así como contra cinco altos directivos de estas compañías, acusándolos de haber pactado ilegalmente para influir en los procesos de licitación de permisos de casinos entre 2020 y 2021. La FNE sostiene que esta colusión permitió a los operadores renovar sus licencias por 15 años con ofertas mínimas, afectando las arcas del Estado y de los municipios donde operan estos establecimientos.
Multas y anulación de licencias
La FNE solicitó al TDLC aplicar sanciones económicas que totalizan 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones, la mayor sanción propuesta en un caso de colusión en Chile. Además, pidió que los permisos de operación renovados en los procesos fraudulentos se mantengan vigentes solo hasta que nuevos operadores adjudicados mediante licitaciones competitivas puedan comenzar sus operaciones.
Entre las empresas acusadas, Dreams enfrenta la multa más alta, con 126.806 UTA (US$ 112,4 millones), seguida de Enjoy con 41.498 UTA (US$ 36,8 millones). En el caso de los directivos, se solicitó una multa de 1.218 UTA (US$ 1 millón) para Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams; 941 UTA (US$ 834 mil) para Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams; y 761 UTA (US$ 674 mil) para Claudio Tessada, gerente financiero de la misma compañía. Por su parte, Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, enfrenta una sanción de 130 UTA (US$ 115 mil).
Marina del Sol y sus ejecutivos, en cambio, fueron eximidos de multas por acogerse al programa de delación compensada, colaborando con la investigación desde su inicio.
El cartel del juego: pruebas y modus operandi
De acuerdo con la FNE, los operadores de casinos pactaron entre sí para no competir en los procesos de licitación organizados por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), asegurándose la renovación de sus permisos a precios mucho más bajos de lo que un proceso competitivo hubiera garantizado. Las investigaciones indican que los directivos de estas empresas se coordinaron para presentar ofertas simbólicas, inferiores al 1% de sus ingresos brutos anuales, muy por debajo de los valores promedio del 20% registrados en licitaciones anteriores.
La colusión se materializó mediante reuniones y comunicaciones secretas entre los directivos desde mayo de 2021 hasta agosto de 2022. Entre los involucrados destacaron Wilhelm, Comber e Imchenetzky, quienes, según la acusación, mantuvieron un contacto constante para coordinar sus estrategias. Fischer, presidente de Dreams, también participó en al menos una reunión clave, mientras que Tessada facilitó la coordinación con acciones operativas específicas.
El cartel fue descubierto gracias a medidas de registro e incautación realizadas el 2 de agosto de 2022 por la FNE, con apoyo del grupo O.S.9 de Carabineros. Ese mismo día, Marina del Sol solicitó su ingreso al programa de delación compensada, entregando información clave sobre el esquema anticompetitivo.
Impacto en el mercado de casinos
El esquema coordinado permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol controlar el 90% de los ingresos brutos del sector de casinos en Chile entre 2017 y 2023, con un promedio anual de 400 mil millones de pesos. Además, estas tres empresas concentran el 70% de los permisos de operación en el país, lo que amplificó los efectos negativos de la colusión sobre la competencia y los ingresos fiscales.
La falta de competencia derivada de este acuerdo afectó no solo las finanzas del Estado, sino también los ingresos de las municipalidades donde operan los casinos. Según la FNE, la gravedad del cartel radica en que los directivos eran conscientes de la ilegalidad de sus actos, usando nombres en clave y plataformas de mensajería temporal para evitar dejar evidencia, e incluso borraron datos de sus teléfonos móviles.
Un caso sin precedentes en Chile
El requerimiento de la FNE establece que esta colusión es una de las más graves registradas en el país, superando en magnitud los casos de Pollos, Navieras, Supermercados y Alimento para salmones, donde las multas solicitadas alcanzaron las 90.000 UTA en promedio.
Jorge Grunberg, Fiscal Nacional Económico, afirmó:
«Esperamos que el Tribunal ordene no solo el pago de las multas solicitadas, sino también la devolución de los permisos mal obtenidos para restablecer la competencia en esta industria.»
