En Chile, más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene del sector servicios, un área que ha cobrado vital importancia en la economía nacional. Sin embargo, cuando se habla de innovación, las discusiones suelen inclinarse hacia la tecnología, las startups o el influyente Silicon Valley. La innovación social, esa que busca dar respuesta a problemas críticos como la desigualdad, la salud y la educación, sigue siendo una asignatura pendiente en este contexto. La urgencia de abordar estas cuestiones se vuelve cada vez más palpable, especialmente en un país que enfrenta desafíos tan profundos.
Una reciente investigación, llevada a cabo por académicos de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas y publicada en el Polish Journal of Management Studies, ha estudiado más de 500 empresas chilenas del sector servicios para desentrañar los factores que impulsan la innovación social. Uno de los hallazgos más significativos sugiere que solo la información proveniente de instituciones públicas de investigación tiene un impacto real en los procesos de innovación. Es decir, ni los clientes, ni los proveedores, ni los competidores logran motivar un cambio significativo; únicamente el conocimiento generado por el Estado parece ser un motor eficaz.
Este descubrimiento plantea un serio llamado de atención. Para que las empresas chilenas puedan desarrollar soluciones que efectivamente mejoren las condiciones de vida de la población, es imperativo fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado. A día de hoy, esta conexión es débil, especialmente en el ámbito de los servicios, lo que limita el potencial innovador que podrían tener las empresas al recibir el apoyo adecuado de las instituciones gubernamentales.
Asimismo, el estudio reveló que factores como el tamaño de la empresa o la cantidad de profesionales que emplean no determinan en sí mismos la capacidad de innovación social. Esto ofrece una luz de esperanza, ya que implica que incluso las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden desempeñar un papel fundamental en esta transformación social, siempre y cuando cuenten con el acceso a la información adecuada y al apoyo necesario para implementar sus ideas innovadoras.
En un panorama nacional caracterizado por el aumento de la crisis en salud mental, la inseguridad y las brechas educativas, no se puede permitir que la innovación social siga siendo vista como un concepto marginal. Esta debe ser promovida como una política pública integral. De este modo, entre las recomendaciones que surgen de la investigación se destacan dos acciones concretas: fomentar programas de transferencia de conocimiento desde centros públicos hacia el sector servicios y establecer métricas para evaluar y visibilizar el impacto social de las innovaciones, más allá de su rentabilidad económica. Chile cuenta con el talento y la urgencia; solo falta conectar los puntos para que la innovación social despliegue todo su potencial en pro de un desarrollo sostenible y humano.
