La tarde de este sábado, un operativo policial se llevó a cabo en la residencia de la jueza Irene Rodríguez Chávez, ubicada en la comuna de Peñalolén, en el suroriente de la Región Metropolitana. Este suceso ha generado gran expectativa y especulación debido a la situación mediática que enfrenta la jueza, quien está bajo el escrutinio público por su decisión de liberar al sicario Alberto Mejía, conocido como el «Rey de Meiggs». La incidentada jornada comenzó cuando la familia de Rodríguez recibió una llamada de un conocido, que erróneamente interpretaron como una amenaza, lo que desencadenó una respuesta inmediata de Carabineros y seguridad municipal.
La presencia de las fuerzas de seguridad frente al domicilio de la jueza provocó una ola de rumores y conjeturas sobre posibles acciones legales. Sin embargo, el comandante Francisco Galloso fue rápido en aclarar que se trató de una confusión y no de una amenaza real. «Se asustaron por la situación mediática que están viviendo», declaró Galloso, aludiendo al tenso contexto que rodea a la jueza y su entorno familiar tras la controversia en la que se ha visto envuelta.
A medida que los efectivos policiales llegaron al lugar, se verificó la identidad del llamado que había causado alarma. Según el relato de Galloso, al escuchar un sonido extraño y perder la conexión, la jueza y su familia se sintieron amenazados. Sin embargo, al investigar, se determinó que la llamada provenía de un conocido de ellos, situando toda la situación en el terreno de un malentendido. A pesar de esta aclaración, la policía optó por cercar la calle para asegurar un examen exhaustivo de los hechos.
El operativo, que durante aproximadamente 20 minutos mantuvo restringido el tránsito en las inmediaciones de la vivienda de la jueza, culminó sin incidentes adicionales. Al restablecerse el tráfico, la policía transmitió tranquilidad sobre la situación, dejando claro que no había evidencia alguna de una amenaza genuina. Este suceso pone de manifiesto el estado de ansiedad que actualmente rodea a Rodríguez y su familia, particularmente tras las críticas por la liberación del criminal involucrado en actividades delictivas.
Finalmente, se confirmó que debido a la controversia existente en torno a la jueza Rodríguez, se incrementarán las medidas de seguridad en su hogar. Carabineros y seguridad municipal han comenzado a realizar patrullajes rutinarios en la zona, una respuesta a la preocupación generalizada tanto de la jueza como de la comunidad respecto a su seguridad. Este hecho resalta la necesidad de atención especial hacia figuras públicas que enfrentan tensiones legales y mediáticas, creando un ambiente de vigilancia constante.
