Desde el 1 de abril, la Contraloría General de la República ha reactivado una facultad que no ejercía desde hacía años: la posibilidad de demandar directamente ante los tribunales el cobro de las sentencias condenatorias del Juzgado de Cuentas. Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se manejará el uso de fondos públicos. La contralora Dorothy Pérez ha indicado que esta medida no se había implementado anteriormente por falta de personal, pero tras una reorganización de sus equipos, ahora están listos para actuar de manera directa, sin intermediarios y sin esperar a que otros lo hagan. La normativa que permite este accionar siempre ha estado presente en el marco legal, específicamente en el artículo 128 de su ley orgánica, lo que hace cuestionar por qué se había dejado de lado por tanto tiempo.
La reinstauración de esta facultad implica un mensaje contundente para todas aquellas organizaciones que reciben o administran fondos públicos, incluidas municipalidades, servicios del Estado, corporaciones y fundaciones. En este contexto, la rendición de cuentas se transforma de ser un mero trámite administrativo en una responsabilidad directa con consecuencias ejecutables en casos de mal uso de los recursos. Este nuevo enfoque establece que ignorar o postergar la transparencia ya no es solo un descuido, sino una acción que puede resultar en graves repercusiones para la gestión y para quienes están al mando de estas instituciones.
A menudo se señala que el problema no reside únicamente en la intención de los administradores o contadores, sino en el orden y los procedimientos que se implementan en el manejo de los recursos. En muchos entornos del sector público, así como en organizaciones que gestionan fondos estatales, aún prevalecen prácticas poco profesionalizadas, regidas por criterios informales o tradiciones de «cómo siempre se ha hecho». Esta falta de estructuras claras lleva a que estas organizaciones enfrentan problemas no necesariamente por haber malversado fondos, sino porque no pueden demostrar la correcta administración de los mismos, con respaldos mal archivados o documentación insuficiente.
En este nuevo panorama fiscalizador, es imperativo que cualquier organización que maneje fondos públicos reflexione sobre su preparación para un eventual proceso de fiscalización. No basta con preguntarse «¿nos van a fiscalizar?», ya que la pregunta crucial es «¿estamos listos para responder si nos fiscalizan mañana?». La implementación de procesos ordenados, que garanticen trazabilidad y que mantengan la documentación al día, no debe considerarse como un mero ejercicio burocrático. Por el contrario, constituye la mejor estrategia de defensa ante el escenario que la Contraloría ha comenzado a implementar.
Finalmente, es esencial destacar que la tecnología disponible en la actualidad facilita la ejecución de estos procesos ordenados y efectivos, incluso para equipos de trabajo pequeños. Las herramientas digitales permiten tener un control adecuado y transparente, lo cual es crucial en el contexto actual. Con la Contraloría mostrando clara disposición de actuar, tomar medidas proactivas no solo es recomendable, sino indispensable para evitar problemas futuros. Ignorar este llamado a la acción podría traer consecuencias serias que afectan tanto a los administradores como a la integridad de las organizaciones que operan con fondos públicos.
